La Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California afirma que hay por lo menos cinco desintegradores de cadáveres.
/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Ocegueda Flores, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California, dio a conocer que, además de Santiago Meza López, El Pozolero, existen otros cinco que se encargan de desintegrar los cadáveres de personas no localizadas o asesinadas, pues de 2006 a la fecha han documentado mil 500 desapariciones forzadas en esa entidad.
“Tengo información de que hay otros cinco pozoleros que son investigados por personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, con quienes he participado muy de cerca en la búsqueda y localización de restos humanos que correspondan a personas desaparecidas que fueron asesinadas y después desintegradas con componentes químicos, como en su momento lo hizo Meza López, preso en un penal de máxima seguridad desde 2009”, detalló.
Sobre los restos encontrados en un predio de la colonia Terrazas de la Presa, en la delegación del mismo nombre el 1 de noviembre, Ocegueda Flores explicó que se trata de 50 osamentas enterradas en una fosa de tres metros de profundidad por un metro y medio de ancho, la cual fue cavada con apoyo de bomberos y personal de Protección Civil del estado, en presencia de personal de la Unidad de Secuestros de la Seido.
Aseveró que estos restos son de personas desaparecidas desde 2006 y no están relacionados con los que fueron desintegrados con componentes químicos por El Pozolero. “No existe relación, ya que antes de Meza López, en 2006, cuando comenzaron a darse las desapariciones forzadas en Tijuana, varios de esos casos se le atribuyeron a Filiberto Parra Ramos, La Perra, quien también está recluido en un penal de máxima seguridad”, recalcó.
Ocegueda Flores precisó que el 24 de octubre llegó a Tijuana un grupo de la Seido adscrito a la Unidad de Secuestros, quienes, junto con personal de la Procuraduría General de Justicia estatal, se dieron a la tarea de localizar los posibles predios donde están los restos de personas pozoleadas.
“Ubicaron seis predios, cinco la Seido y uno la procuraduría, por lo que a partir del 31 de octubre comenzamos juntos la búsqueda de las osamentas en los puntos previamente localizados.
“Pero el 1 de noviembre, en Terrazas de la Presa, en una fosa de tres metros de profundidad por un metro y medio de ancho hallamos los restos humanos… yo alcancé a contar 50, pero en realidad no sé cuántos eran en total. Insisto, no tengo certeza de que este hallazgo tenga relación con El Pozolero”, subrayó.
Posteriormente se dirigió a un lugar cerca del bulevar Gato Bronco, en la delegación Cerro Colorado, donde señaló que no hay ya evidencias y mucho menos restos humanos debido a que esa zona ya está totalmente cambiada.
En tanto, en los trabajos en las fosas del cañón Mantecas, en el municipio de Tecate, expresó: “Por ahora no hallamos nada, tal vez hoy saldrá algo, pero si no hay resultados suspenderemos la búsqueda esta semana… la reiniciaremos en la primer quincena de enero de 2017, porque son 10 kilómetros y apenas llevamos uno, y con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, las investigaciones ya no se prolongan por mucho tiempo como antes y se les tiene que dar continuidad”, indicó.
Ocegueda Flores precisó que la próxima semana arribará a Tijuana personal de la Unidad de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR), grupo especializado que se encargará de hablar directamente con los familiares de las personas desaparecidas desde 2006 en la entidad, sobre todo en Tijuana, que concentra 85 por ciento de los casos.
Sobre el hallazgo de nuevos restos humanos en la colonia Terrazas de la Presa, la Procuraduría General de Justicia de Baja California refirió, a través de su departamento de Comunicación Social en Tijuana, que es un asunto que trata directamente con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
“Es un expediente de la Seido sobre una persona desaparecida desde 2015, era un hoyo natural donde al parecer arrojaron a una persona, que puede ser la que se busca, pero no tenemos más información porque el caso es de la Seido”, indicó en el documento.
El surgimiento
Fernando Ocegueda Flores recordó que la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California AC nació “debido a que desde 2006 comenzaron a darse los primeros casos, por lo que los familiares de esas víctimas solicitaron ayuda a la Procuraduría General de Justicia, pero no fueron escuchados”.
“Posteriormente vino la desaparición de mi hijo, de quien me reservo el nombre, debido a que mi esposa está emocionalmente muy desgastada… fue así como, junto con otras personas víctimas de desaparecidos, nos unimos en la búsqueda y localización de nuestros seres queridos, sin obtener hasta ahora los resultados deseados”, comentó.
Ocegueda Flores refirió que fue a partir de 2009 cuando se fundó oficialmente la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California AC, con la misión exclusiva de encontrar a sus familiares desaparecidos.
“Poco a poco se han sumado a nuestros esfuerzos más familias de personas desaparecidas, poco a poco también la procuraduría se ha integrado; hoy contamos con nuestra página de Facebook y desde la legislatura pasada trabajamos de la mano con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California para que se apruebe y promulgue la ley de víctimas de la entidad, toda vez que a escala nacional, desde 2013, ya existe una legislación en la materia, la cual obliga que en cado estado se tenga una legislación al respecto”, acotó.
En esa propuesta de ley, que consta de 115 artículos, detalló que, entre otras cosas, “solicitamos que se incluya la reparación integral del daño a víctimas de desapariciones forzadas, tortura, secuestro, violencia sexual y otros hechos victimizantes”.
De albañil al cártel
Santiago Meza López, conocido como El Pozolero, era la persona encargada de desintegrar los cadáveres de personas desaparecidas con sosa cáustica; fue detenido en 2009 luego de trabajar durante 10 años para el cártel de los Arellano Félix, grupo anteriormente llamado cártel de Tijuana.
Se dedicaba a la albañilería, pero fue contratado para deshacer los cadáveres de rivales de la organización; confesó la desintegración de 300 cuerpos. Recibió el auto de formal prisión por delincuencia organizada y se encuentra recluido en el Cefereso 1 de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
Oficiales de la ONU reunén testimonios en Chilapa
Representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitaron Chilapa, Guerrero, con la finalidad de reunir la mayor cantidad de testimonios sobre desapariciones forzadas.
El arribo de oficiales se llevó a cabo a petición del colectivo Siempre Vivos, a cargo del profesor José Díaz Navarro, quien explicó que hasta el momento se tiene un registro de 130 desapariciones forzadas en este municipio desde 2013.
Los representantes Pilar San Martín y Daniel Zapico solicitaron que el encuentro se desarrollara a puerta cerrada, sin la presencia de los medios de comunicación. Antes, el vocero del colectivo, José Díaz, explicó que de 2013 a la fecha también hay un recuento no oficial de por lo menos 200 asesinatos, la mayoría vinculados a supuestas acciones del crimen organizado. “En esta ciudad nos están desapareciendo un promedio de seis a siete personas por semana, lo que pasa aquí en realidad es muy delicado y necesitamos el respaldo de todas las instancias”, aseveró.
Relató que el momento más crítico se vivió durante mayo de 2015, cuando al menos 130 civiles armados tomaron el control de la ciudad y se llevaron a más de 30 personas, de las que se desconoce su paradero.
Acusan deslinde
El colectivo Siempre Vivos de Chilapa reprochó que la PGR busque deslindarse de la investigación de 22 casos de desaparición forzada.
Denunció que a la fecha cuentan con más de 80 denuncias de desapariciones y que tal vez hay más casos, pero no los reportan por miedo.
Indicó que de ese total 22 fueron perpetrados por el crimen organizado, pero la PGR se deslindó y las turnó a la Fiscalía General del Estado.