San Luis Potosí
Llama la legisladora, integrante de la fracción parlamentaria del PAN, Josefina Salazar Báez a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) para que emita sin más dilaciones, ni pretexto, la Alerta de Género para San Luis Potosí, la cual considera, será apenas el primer paso en el reconocimiento de una situación muy grave en el Estado que merece una respuesta contundente de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes.
En punto de acuerdo, Salazar Báez, dijo a sus compañeros legisladores que hará llegar formalmente la petición a la Secretaria de Gobernación y les invitó a que como potosinas y potosinos, hagan todo lo que esté en sus manos para visibilizar esta inaceptable violencia que ocurre contra las mujeres potosinas y a la que consideró, hay que poner un alto.
Salazar Báez indicó que la violencia contra las mujeres no es una exageración; “No es algo fortuito; no es algo que esta bajo control; no es culpa de las propias víctimas y no es algo que las mujeres vayan aceptar”; enfatizó.
Hizo hincapié en que a lo largo del año, muchas potosinas más han sido víctimas de distintos actos aberrantes de violencia y vulneración de sus derechos humanos.
“Nada ha detenido esta absurda escalada de crueldad contra las mujeres potosinas, desde la ya habitual violencia familiar que preocupantemente se ha venido normalizando, ante la apatía gubernamental, hasta la extrema violencia feminicida que ha arrebatado la vida a mujeres plenas, únicas e irrepetibles, como Viviana Elizabeth Vázquez Gutiérrez, pasando por la indignante desaparición forzada de otras tantas, como Cinthia Paola Castro Rodríguez, arrebatadas del seno amoroso de sus familias y a quienes sus seres queridos y algunas organizaciones ciudadanas de derechos humanos que las apoyan, siguen buscando con desesperación y angustia.
Salazar Báez, hizo un llamado a sus compañeros legisladores para comprometerse con la eliminación de la violencia contra las mujeres, exigiendo la “alerta de género”, llamando a los funcionarios estatales que son responsables de prevenir y perseguir los delitos y exigir explicaciones y resultados, dictaminando las iniciativas de género que se encuentran pendientes.
