Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- Durango está en camino de convertirse en otro Veracruz. O en otro Quintana Roo. O en otro Sonora. Eso debido a las observaciones (no solventadas) de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al anterior gobierno estatal por más de cuatro mil millones de pesos y por el monto de su deuda pública, que supera los 15 mil millones de pesos.

No es poco lo hallado como irregularidades (esos más de cuatro mil millones de pesos). Y no es poco el desaseo exhibido: por ejemplo, en el sector salud, entre 2011 y 2014 la ASF detectó desvíos y subejercicio de recursos, pagos a “médicos” que no son médicos, licitaciones amañadas, falta de control en compra de medicamentos, financiación de eventos, y demoras inexplicables en la transferencia de recursos.

El gobierno no tuvo recato: también afectó recursos destinados a seguridad, en un estado que suele padecer los efectos nocivos de crimen organizado: en 2014 ya se había detectado un daño y perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de siete millones 498 mil pesos más los rendimientos por un millón 727 mil pesos, por… armamento no localizado físicamente. Y cinco millones 777 mil pesos por falta de documentación comprobatoria de gasto por concepto de compra de armamento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El sector educativo no fue la excepción: en 2013 la ASF encontró que hubo daño a la hacienda pública federal por 24 millones 744 mil pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por haber pagado a trabajadores con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)… comisionados a diferentes secciones sindicales.

Peor: en el sector salud el gobierno pagó, sin autorización, 12 millones 814.7 mil pesos en bonos y un millón 3 mil pesos por conceptos que corresponden a otros programas no autorizados. Incluso se observó que no había controles para la identificación de necesidades de insumos, lo que provocaba desabasto.

De ese tamaño es la herencia negra que dejó el ex gobernador priista Jorge Herrera Caldera. Y por ello el nuevo gobierno califica la situación de “preocupante detrimento patrimonial”.

Por si fuera poco, también hay que sumar las irregularidades que detectó la nueva Contraloría estatal, que requirió a todos los secretarios del gabinete anterior quienes, anticipándose a lo que podría suceder, se ampararon, incluido el ex mandatario. Cerca de 30 ex funcionarios solicitaron protección legal ante el segundo distrito del vigésimo quinto circuito judicial.

Otro ejemplo: la ASF encontró irregularidades, desvíos y subejercicios por más de 500 millones de pesos, tan solo en el rubro de salud. Pero todavía hay que esperar: hay 15 auditorías en curso de 2015. En cuatro años, al gobierno de Durango se le practicaron 220 auditorías a los recursos federales recibidos.

La Contralora del gobierno panista de José Rosas Aispuro, Rosario Castro, reveló que ya fue requerido todo el gabinete de Jorge Herrera, que deberá subsanar las irregularidades detectadas en las auditorías o enfrentar a la justicia.

El pasado 8 de noviembre el ex mandatario solicitó juicio de amparo y será el 7 de diciembre cuando se determine si se le otorga dicho beneficio, aun cuando todavía no hay un requerimiento específico en su contra.

Por lo pronto, la deuda estatal supera los 15 mil millones de pesos: cada duranguense, por así ponerlo, debe 13 mil pesos.

Cifras de la secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados revelan que la deuda de Durango se elevó 224 por ciento en los últimos cinco años.

El estudio Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México detalla que la deuda con instituciones financieras es de 7 mil 500 millones de pesos, lo que representa el 3.3 por ciento de su producto interno bruto (PIB) y equivale al 32 por ciento del presupuesto anual del mismo gobierno local. A eso se suman los pasivos cortos y proyectos de inversión por más de 5 mil millones de pesos. En total, se trata de 15 mil 76 millones de pesos.

‘Preocupante’ lo detectado en las auditorías

En entrevista con Milenio, la Contralora de Durango calificó como “preocupante” lo detectado en las auditorías y señaló que la pasada administración causó un grave detrimento al patrimonio estatal.

“No puedo hacer público el contenido de los expedientes porque están en proceso de auditoría, pero de lo que se ha encontrado es de gran preocupación para el estado. Nos vamos a llevar de tres a seis meses para concluir el procedimiento. Pero hay un detrimento patrimonial muy importante al estado de Durango”.

La funcionaria destacó que el martes 15 de noviembre fue requerido el gabinete legal anterior para que puedan comparecer al desahogo de las audiencias en relación a las observaciones.

“Del análisis de los paquetes de cada dependencia esperaremos a que cada uno se presente. El despacho que se contrató está haciendo auditorías a lo correspondiente a 2015 y 2016, el resto ya fue observado por la Auditoría Superior de la Federación”.

18 auditorías abiertas

La ASF tiene abiertas 18 auditorías del gasto federalizado, particularmente en lo que tiene que ver con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa; programas de infraestructura social; desayunos escolares, así como al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y el Seguro Popular.

Justamente sobre los recursos federales para los servicios de Salud fue donde se detectaron las mayores irregularidades durante la administración de Herrera Caldera.

En sus informes, la Auditoría subrayó que el gobierno estatal tuvo una vigilancia interna deficiente en la gestión de los recursos, además de “insuficientes mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades”.

Observó que los servicios de salud del estado “carecen de controles que aseguren que los recursos autorizados se ejerzan dentro del ejercicio fiscal correspondiente”, además de que se utilizan varias cuentas donde se manejan diferentes fuentes de financiamiento.

De las 15 auditorías en curso de 2015, se revisan los consejos escolares de participación social en educación secundaria, la construcción del hospital de especialidades en Gómez Palacio; la construcción de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, solo en lo que tiene que ver con servicios de salud.

Además, se revisa el uso de los recursos para seguridad pública, a través del subsidio para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial. Igualmente, los recursos para desarrollo social, desayunos escolares, infraestructura social, así como educación.

Aunado a estas irregularidades, está pendiente la revisión de los recursos otorgados para 2026, ya que el mandato de Jorge Herrera concluyó en septiembre pasado.