Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el reclamo del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, de que el Ejército no estudió para labores de seguridad pública y quiere regresar a sus cuarteles, las bancadas de PRI, PAN y PRD se dijeron dispuestas a convocar a un periodo extraordinario para discutir una Ley de Seguridad Interior, aunque la oposición condicionó su aval a conocer primero la propuesta y llegar a enero con un dictamen.
A su vez el presidente del Senado, Pablo Escudero, aseveró que los gobernadores también deberán comprometerse a “profesionalizar sus policías porque apenas asumen el cargo y piden la presencia castrense”, por lo que propuso que se empate la discusión de la Ley de Seguridad Interior con la de Mando Mixto que está pendiente en San Lázaro, para lo cual se tendrá que trabajar en conferencia con los diputados y construir a partir de las iniciativas que ya existen.
Ayer, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, expresó en un comunicado que su grupo parlamentario reconoce que las fuerzas armadas son soporte de estabilidad, institucionalidad y orgullo nacional, así como factor indispensable para la paz del país.
“Los priistas ratificamos nuestro compromiso de actualizar, a la brevedad, el marco normativo que les brinde certidumbre jurídica, fortaleza y capacidad de acción”.
Por ello anunció que la bancada tricolor propondrá esta semana a los otros grupos parlamentarios llevar a cabo un periodo extraordinario para definir la Ley de Seguridad Interior y los términos en que deben actuar las fuerzas armadas.
“De llegar a un acuerdo para la celebración de un periodo extraordinario, los senadores del PRI ratificamos que vamos a trabajar con el único objetivo de actualizar y fortalecer sus instrumentos jurídicos buscando, ante todo, el justo equilibrio entre la plena protección de los derechos humanos y el trabajo que realizan el Ejército y la Marina Armada de México para salvaguardar la seguridad de los mexicanos”.
Entrevistado al respecto, el coordinador panista Fernando Herrera dijo que será tema a discutir mañana en la Junta de Coordinación Política, porque el Ejército está lastimado y desdeñado y Acción Nacional está dispuesto y preparado para darle el marco legal que pide.
Sin embargo, dijo que primero debe haber una propuesta que discutir, después las mesas de trabajo y al final el acuerdo para dictaminar.
En su opinión, pudiera estar para enero si el tiempo alcanza, por lo que recomendó trabajar en conferencia con la Cámara de Diputados.
A su vez, el coordinador perredista Miguel Barbosa advirtió que se trata de una ley muy compleja, con la que debe haber el compromiso del propio gobierno y que después no vaya a recular.
“Yo no me rajo, pero esta es una ley muy compleja, muy complicada, que va a tener el interés de la sociedad porque se habla del papel del Ejército. Aceptaríamos el periodo extraordinario, pero debe haber un acuerdo de la Jucopo. Vamos a ver cuál es el comportamiento del Ejecutivo y su compromiso”, planteó el legislador.
Al respecto, Pablo Escudero dijo que aunque no se etiquetaron recursos para echar a andar el mando mixto, cuya minuta está en San Lázaro, se tendrá que empatar la discusión con la Ley de Seguridad Interior, para involucrar a los gobernadores en la profesionalización de sus policías.
“Yo creo que el 10 o 15 de enero podrá haber un dictamen. Hay un compromiso con las fuerzas armadas y sí creo que deben contribuir la Secretaría de Gobernación y los gobernadores, porque desde el primer momento que asumen funciones lo primero que hacen es pedir la presencia del Ejército porque sus policías no están preparadas, y sí debe haber una profesionalización de sus policías”.
“Se allanan las trabas”
El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, dio la bienvenida a la propuesta de celebrar un periodo extraordinario de sesiones para discutir y aprobar el marco jurídico sobre la participación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia.
Expresó así la disposición de los diputados federales “a caminar del brazo” de los senadores para consensuar el ordenamiento legal que permita al Ejército y la Marina coadyuvar en las acciones en materia de seguridad interior y seguridad pública.
“Doy la bienvenida al pronunciamiento del senador Emilio Gamboa en este sentido, el cual permite allanar las trabas existentes para avanzar en tal propósito”, dijo.
Por separado, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos, advirtió que el Poder Legislativo no puede esgrimir pretextos para aplazar más la reforma que, a su juicio, tiene ya un sentido de urgencia.
En entrevista, el legislador de Acción Nacional secundó el llamado del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a darle certidumbre legal a la actuación de los militares.
“Más claro no pudo haber sido, al decir que los elementos militares se están reservando intervención en tareas, porque tienen la preocupación de terminar procesados: ya una aseveración más clara, que le mete un sentido de urgencia a esta reforma, para mí ya no puede haber otra de mayor relevancia”, señaló.
El coordinador de los diputados federales del PRD, Francisco Martínez Neri, coincidió en la urgencia de impulsar un marco legal que permita a las fuerzas armadas normar su actuación en labores de seguridad pública, siempre preservando los derechos humanos de la población.
“Mantener al Ejército en las calles, como desde hace una década, solo ha desgastado su imagen y eso nos preocupa, ya que se trata de una de las instituciones en las que más confía la sociedad mexicana”, remarcó.
En tanto, el vicecoordinador perredista Jesús Zambrano pidió una amplia discusión antes de aprobar el marco legal para la actuación de las fuerzas armadas en las calles.
Subrayó la necesidad de escuchar el punto de vista de la sociedad civil y el sector académico para evitar cualquier riesgo de militarización del país, tal como algunos especialistas lo advierten en las iniciativas a discusión.
