La diputada Josefina Salazar Báez, presidenta del Comité de Información del Congreso del Estado indicó que el Poder Legislativo contará en breve con los indicadores de gestión, establecidos en el artículo 86 de la nueva Ley de Transparencia.
Precisó que una vez que éstos fueron aprobados por el Comité de Información, serán revisados por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información para presentar el dictamen a consideración del pleno en los trabajos del periodo ordinario de sesiones próximo.
Salazar Báez manifestó que se busca establecer 15 indicadores para el Poder Legislativo: iniciativas presentadas por los diputados; iniciativas de la anterior Legislatura que fueron dictaminadas en la presente; iniciativas dictaminadas; los puntos de acuerdos presentados; los planes de trabajo de las comisiones; dictámenes y aprobación de cuotas de tarifas de agua; informes de organismos autónomos; dictámenes y aprobación de paquetes fiscales; entrega de la presea al mérito: elección de órganos autónomos; dictámenes de cuentas públicas; numeraria individual por diputado; iniciativas presentadas por ayuntamientos; iniciativas presentadas por el ejecutivo del estado; e iniciativas presentadas por los ciudadanos.
Añadió que al contar con los indicadores de gestión, se podrá hacer pública la información estructurada sobre los avances diarios en los trabajos de la Legislatura, los avances que tienen las comisiones y el trabajo que están desempeñando; además, identificar en donde se están presentando rezagos y fortalecer el trabajo en esa área para corregir.
La legisladora manifestó que “en el contexto político y social que vivimos, la transparencia y rendición de cuentas, son herramientas que resultan indispensables para preservar la legitimidad de las instituciones, lo que representa ya una exigencia del ciudadano a estar informado sobre el actuar de sus representantes”.
Por ello, consideró que al contar con los indicadores de gestión en el Congreso del Estado, los legisladores tienen la oportunidad para cumplir con las demandas ciudadanas que permitan evaluar de manera puntual los resultados, señalar omisiones y comparar con los distintos sistemas de medición que ya elaboran los integrantes de asociaciones civiles.
