Esteban Espinoza / SLP
En días pasados la Auditoría Superior del Estado (ASE), participó en una reunión de trabajo con los diputados integrantes de la Comisión de Agua del Congreso del Estado, miembros de la Comisión Estatal del Agua y representantes indígenas de los municipios de Tamuín y Ébano, entre otros, con la finalidad de tratar el asunto de la posible disolución del Organismo Operador de Agua El Peñón, que brinda el servicio de agua potable a dichas localidades potosinas.
La junta de trabajo se concentró en explicar a fondo y aclarar dudas, antes de que el dictamen correspondiente sea sometido a consideración del pleno para su votación, lo que espera que ocurra durante el presente período ordinario de sesiones.
Este evento tuvo lugar luego de que a incios del presente año, la Comisión de Agua del Congreso del Estado, aprobara el dictamen por el que se determina viable la desaparición del organismo operador de agua y ordena la conformación de un Comité de Agua Rural para Tamuín y otro para Ébano, dada su insuficiencia presupuestal, técnica y administrativa para seguir operando como organismo.
Lo anterior, luego del análisis del estado que guarda el organismo operador de agua, realizado en conjunto por la Auditoría Superior del Estado, la Comisión Estatal del Agua y los propios presidentes municipales de Tamuín y Ébano.
El Auditor Superior del Estado, José de Jesús Martínez Loredo, dijo “recordemos que el año pasado el organismo de agua se mostró omiso en la entrega de su cuenta pública 2015, y fueron los propios presidentes municipales involucrados, quienes acudieron a finales de 2016 ante la Comisión de Agua del Congreso, a solicitar el cambio de figura jurídica del organismo a Comité Rural, motivados precisamente por sus faltas en la rendición de cuentas”.
“Afortunadamente la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2016 de este ente, fue entregada en tiempo y forma durante este año, sin embargo, algunos de sus funcionarios enfrentan un proceso de responsabilidades a causa de la omisión en el año 2015, de lo cual tiene conocimiento ya la Procuraduría General de Justicia del Estado, y quienes resulten responsables deberán acatar lo que se determine”, puntualizó.
