Esteban Espinoza / SLP
Con el fin de capacitar y certificar al personal de las instituciones de salud, seguridad y de procuración de justicia en materia de Perspectiva de Género, Derechos Humanos y Protocolo Alba, la legisladora Lucila Nava Piña presentó una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Con ello, se busca que las autoridades estatales realicen una adecuada labor en la prevención, investigación y sanción de la violencia hacia las mujeres, y se eviten situaciones discriminatorias ante hechos como desapariciones de mujeres o feminicidios.
En su exposición de motivos, la legisladora detalla que de acuerdo a la legislación y tratados internacionales, San Luis Potosí, debe adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres.
En particular, debe contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias.
Señala que “las actitudes de las autoridades estatales frente a los hechos recientes de desapariciones y feminicidios son actitudes notoriamente discriminatorias y dilatorias, situación que describo como un alarmante patrón de respuesta y concepciones estereotipadas hacia las mujeres desaparecidas y violentadas”.
Se incluye la perspectiva de género como uno de los principios rectores en la actuación del ministerio público, entendido como la estrategia para implementar mayor igualdad y acceso a la justicia para las mujeres y niñas en relación con los hombres y niños. Incluirá además un proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles.
Por medio de estrategias para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, monitoreo y evaluación de las políticas y de los programas que en materia de seguridad y justicia se implementen, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad.
Agrega que la estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales; Salud y Asistencia Social; Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; y Derechos Humanos, Equidad y Género para su análisis.
