Ayer se efectuó la primera audiencia en la Corte de Apelación en Florencia , en la cual el ex mandatario se opuso a los procedimientos que México y Estados Unidos siguen en su contra para juzgarlo en sus territorios.

Autoridades mexicanas se reunieron con funcionarios italianos ayer para dar seguimiento a los trámites de extradición. En un comunicado conjunto, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que el 11 de abril, el Ministerio de Justicia de Italia notificó oficialmente y de manera simultánea a México y a Estados Unidos, sobre la audiencia y determinación de la Corte de Apelaciones de Florencia sobre la legalidad de la detención del ex mandatario.

El boletín destaca que el gobierno mexicano presentó la solicitud de detención provisional con fines de extradición. “En virtud de la información obtenida sobre la localización de Yarrington vía intercambio policial con Italia, y aun cuando la notificación roja conforme al marco jurídico vigente en ese país, tiene fuerza de orden de aprehensión con fines de extradición, el gobierno de México, una vez satisfechos los requerimiento que establece el tratado bilateral en la materia, procedió a presentar vía diplomática la solicitud de detención provisional con fines de extradición, a través de la embajada de México en Italia, el día 11 de abril de 2017”, detalla el documento difundido por la PGR y la SRE.

Se informó que “la embajada de México en Italia realizó gestiones para obtener información de la ubicación de Tomás Yarrington para estar en posibilidad de realizar la visita consular que refiere la Convención de Viena”.

Marcello Viola, procurador general de Florencia, Italia, confirmó que el ex mandatario estatal permanecerá recluido en la prisión de Sollicciano, medida tomada para evitar el riesgo de fuga.

Yarrington Ruvalcaba compareció con dos abogados elegidos por él, pero su identidad no fue dada a conocer.

El procurador señaló que ahora la Corte de Apelación de Florencia, encargada del caso, está a la espera de la documentación que deben enviar los países que solicitan la extradición, en este caso México y Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la PGR informaron ayer que se encuentran trabajando juntos en la estrategia para juzgar a quien fuera gobernador de Tamaulipas de 1990 a 2004.

“La Procuraduría General de la República y el Departamento de Justicia de Estados Unidos están trabajando conjuntamente las estrategias jurídicas, a fin de que Tomás Yarrington Ruvalcaba enfrente a la justicia de ambos países, de conformidad con la fuerte colaboración que existe en materia de procuración de justicia”, informaron ambas naciones en un breve comunicado.

En los próximos 60 días, las dos naciones que solicitan al imputado deben enviar la copia de las órdenes de aprehensión y la explicación de los hechos de los que se le acusa.

El pasado 9 de abril, la policía de Florencia, Italia, detuvo a Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba en un restaurante de la Piazza della Signoria.

El ex gobernador negó su identidad y presentó identificaciones falsas, una de ellas era una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) a nombre de José Ángel Márquez Pérez.

En el padrón electoral no hay ningún registro con este nombre, por lo que es apócrifa, informó ayer la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza René Miranda Jaimes, al reportar que derivado de la revisión de la base de datos del padrón se constató que “no existe ningún registro con las características” mencionadas.

“Por lo tanto, se trataría de un documento falso” el que portaba Yarrington Ruvalcaba al momento de su detención, con el que negó su identidad y se presentó como Márquez Pérez, un hombre de negocios.

Se informó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR, indagará si el ex gobernador tamaulipeco cometió algún delito como la usurpación de identidad y verificará si se suma a su expediente el delito de falsificación de documentos oficiales.

El ex mandatario, de 60 años, se encontraba prófugo desde 2012.

En México tiene pendiente una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud en su modalidad de fomento al narcotráfico.

Estados Unidos tiene ocho cargos en su contra por importación y distribución de drogas, lavado de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero.

Luigi Rinella, responsable de la sección especializada en narcóticos del Servicio Central Operativo (SCO), informó a Notimex que el ex gobernador estaba escondido desde hace tiempo con una identidad falsa en la sureña región italiana de Calabria.

Autoridades italianas investigan si recibió apoyo local o cometió algún delito en territorio italiano.

En particular, dijo, se indaga si mantuvo algún tipo de relación con la criminalidad organizada local, puesto que Calabria es territorio de origen de la Ndrangheta, la mafia calabresa considerada la que actualmente maneja el ingreso de cocaína en Europa.

El hombre de nacionalidad polaca que acompañaba a Yarrington Ruvalcaba al momento de su detención fue puesto en libertad y no se dio a conocer su identidad.

Las investigaciones estadounidenses señalan que el ex mandatario recibió sobornos por parte del Cártel del Golfo para favorecer el trasiego de grandes cantidades de cocaína y marihuana a territorio estadounidense, con lo que ganó millones de pesos.

El expediente de Estados Unidos señala que entre 2007 y 2009, Yarrington Ruvalcaba se involucró en el contrabando de grandes cantidades de cocaína que salía del Puerto de Veracruz.

México y Estados Unidos solicitaron a la Interpol una notificación roja para que fuera buscado en los 190 países que conforman la organización.

Según la normativa italiana, el procedimiento de extradición arranca con la recepción de una demanda, a la que debe ser adjuntada la copia de la medida restrictiva de la libertad personal (en caso de extradición procesal) o la copia de la sentencia de condena a pena de detención ejecutiva (en caso de extradición ejecutiva).

Esa documentación debe ser enviada al Ministerio de Justicia italiano, que es el que mantiene el contacto diplomático con los países solicitantes.

Con el fin de verificar que no existan razones que puedan bloquear la extradición, a la demanda debe ser adjuntada también una relación de los hechos de los que se acusa a la persona cuya extradición se solicita.