El diputado Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y quien fundamentó el dictamen, precisó que con la reforma se crea el Mecanismo Nacional de Prevención y pone en marcha el Programa Nacional de Trabajo Interinstitucional, además de que se establecen mayores candados y controles para evitar la eventual comisión de este delito.
“La fórmula de esta política nacional es muy sencilla: Todos los poderes, todos los órganos de gobierno y organismos de protección de derechos humanos con un solo objetivo, que es combatir, erradicar la deleznable práctica de la tortura en nuestro país”, señaló.
Destacó que, de acuerdo con la Encuesta de Percepción sobre la Práctica de Tortura, elaborada en 2015 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 30 por ciento de los entrevistados coinciden en que la tortura es aceptable y necesaria para obtener información oportuna que permita proteger a la población en riesgo inminente.
Otro 31 por ciento, agregó, no está ni a favor ni en contra, y el 29 por ciento restante señala no estar de acuerdo, pero dentro de este grupo solamente un 5 por ciento dice estar completamente en desacuerdo con la tortura.
“Similar resultado arroja el estudio de Amnistía Internacional, donde el 36 por ciento de los encuestados considera que la tortura en ocasiones es aceptable y necesaria para proteger a la ciudadanía”, lamentó el legislador.
Al fijar la postura del PES, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola aseguró que entre los aciertos de la nueva ley está la definición del delito de tortura conforme a los más altos estándares internacionales.
“Ordena que sea investigada y perseguida de oficio, prevé que se castigue con una pena de 10 a 20 años de prisión; podrá aumentar la mitad cuando las víctimas sean menores, adolescentes, adultos mayores, indígenas, migrantes, periodistas, o personas en condición de vulnerabilidad. No podrá otorgarse indulto, amnistía o inmunidad al torturador, y el delito será imprescriptible”.
De Nueva Alianza, la diputada Karina Sánchez Ruiz explicó que este nuevo marco legal prevé medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garanticen los derechos de las víctimas; todo ello bajo los principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género, transparencia, y acceso a la información pública.
“Es de reconocer que con esta ley, la investigación y persecución del delito de tortura se llevará de oficio; tanto la acción como la sanción serán imprescriptibles, con el objeto de evitar que los años desdibujen la comisión del delito y que éste siga quedando en la impunidad”, destacó.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Sánchez Orozco, comentó que el dictamen contempla dos tipos penales: el delito de tortura y el delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y en las cuales se establecen penas de 10 a 20 años de prisión y para el segundo penas de 3 a 5 años de prisión.
“Es relevante resaltar que los superiores jerárquicos también serán considerados como autores del delito, porque en la actualidad existía por supuesto encubrimiento por parte de los mismos superiores jerárquicos y que en muchas ocasiones se llevaba a la justicia, cuando así era, solo a los bajos niveles que cometían este tipo de ilícitos”.
La diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena) declaró que “en México todos torturan, los municipales, los ministeriales, los federales, los marinos, los militares, los criminales”; según la ONU, apuntó, el 99.6 por ciento de los casos queda resguardado en la impunidad.
“La tortura se encuentra instalada en el país y en sus instituciones. Es método de investigación policial e insumo principal en muchos de los asuntos que son presentados ante los jueces. Es instrumento de represión y contención social. Frente a ello, nuestra legislación nacional está o estaba rezagada e incumple con lo establecido”.
Por el PVEM, la diputada Lia Limón García puntualizó que esta ley incluye los estándares internacionales más altos como los de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo de Estambul y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“Se establece la imprescriptibilidad de este delito a fin de evitar la impunidad, se crean además fiscalías especializadas en la investigación de este delito tanto en el ámbito local como a nivel federal”, detalló.
La diputada Cristina Gaytán Hernández, del PRD, dijo que ahora también será posible que se separe cautelarmente al servidor público investigado para que no obstruya a la justicia. “Las personas que hayan cometido ese delito nunca podrán beneficiarse de indulto o amnistía”, agregó.
Celebró que se darán penas de 10 a 20 años para los servidores públicos y de 6 a 12 años para los particulares que cometan este delito, lo cual puede aumentar hasta la mitad si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor indígena, periodista, afrodescendiente u otro sujeto con mayor vulnerabilidad.
La diputada Ema Margarita Alemán Olvera, de Acción Nacional, acusó que la tortura se convirtió en mal endémico en conductas pseudo investigativas, que carcomió a todo el sistema de justicia, lo que derivó en cantidades inimaginables de encarcelamientos injustos y de un contexto masivo de violaciones a derechos humanos en nuestro país, incluso en los últimos años.
“Ante dicha persistencia, los tribunales han tenido que ser consecuentes y se han visto obligados a absolver o a anular sentencias condenatorias derivadas de confesiones obtenidas únicamente bajo tortura. Por tal razón, la aprobación de esta ley debe verse como una airado llamado de atención a todos los cuerpos de seguridad, de investigación y Ministerios Públicos”.
Del PRI, el diputado Carlos Iriarte Mercado apuntó que con esta reforma se flexibiliza la investigación y persecución del delito, y puede originarse por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial. “Obliga a las entidades federativas a contar con fiscalías especiales que investiguen los delitos relacionados con la tortura, al tiempo que robustece la competencia de la federación”.
“De acuerdo con Amnistía Internacional, entre 2003 y 2013 se incrementó el número de denuncias de tortura y otros malos tratos en un 600 por ciento, y en los primeros cuatro años de esta década se recibieron siete mil 741 denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, lamentó.
Al hablar a favor del dictamen, la diputada Claudia Corichi García (Movimiento Ciudadano) expresó que el uso de la tortura se ha vuelto una práctica violatoria de los derechos humanos y es muy difícil conocer el número real de casos; por ello, dijo, es importante crear el registro nacional de este delito como herramienta fundamental de investigación e información estadística, sobre todo en los casos en que se denuncie o investiguen hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Alfredo Basurto Román, diputado de Morena, resaltó que hoy se dan facultades a la Federación para que intervenga en casos de tortura, incluso de manera oficiosa sobre investigaciones de los estados y municipios; se subsana una laguna legal, cuando para obtener los medios de convicción y de prueba, estos eran obtenidos a través de intimidación, tortura o presión psicológica. “Estas modificaciones son un gran acuerdo de Estado”, expresó.
Por el PRD, la diputada Maricela Contreras Julián subrayó que con estas reformas se logra corregir un retraso legislativo, pues la tortura en México es persistente y está fuera del control. “El abuso sexual, las vejaciones, el maltrato físico y psicológico son algunas de las escenas que se repiten contra mujeres y hombres en prácticamente todas las entidades federativas por integrantes de corporaciones policiacas y militares”.
Desde su curul, la diputada Cecilia Soto González (PRD) precisó que al endurecer el castigo por este delito, “también se habla por aquellos funcionarios públicos del Ministerio Público, de la Procuraduría, de las policías, que son obligados a torturar”.
En la discusión en lo particular, se aprobó con 315 votos en pro y 97 en contra, y en términos del dictamen, las reservas a los artículos 13, 22, 24 y 50, impulsadas por los diputados Cristina Ismene Gaytán Hernández (PRD) y por los legisladores de Morena, Juan Romero Tenorio, Ernestina Godoy Ramos y Norma Xochitl Hernández Colín.
Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el jueves 20 de abril, a las 11:00 horas.
