Esteban Espinoza / SLP
La diputada Lucila Nava Piña presentó una iniciativa de reforma al artículo 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí para establecer el impedimento legal para los funcionarios de elección, así como los de designación por medio del Cabildo puedan contratar a su parentela, o prestar bienes, servicios u obra de manera directa o indirectamente al municipio.
De esta manera, se busca señalar que los integrantes de los Ayuntamientos deben abstenerse en todo momento de recomendar a familiares, por afinidad o por consanguinidad, hasta el cuarto grado en línea transversal o directa, para que formen parte de la nómina en cualquiera de sus formas del municipio; o en su defecto, sean proveedores de bienes, servicios u obras, por si o por interpósita persona. Esta obligación es también, para los funcionarios que nombre el Cabildo, lo anterior sin menoscabo de las responsabilidades a que hubiere lugar.
Señala que con esta modificación se busca que quien ocupe un cargo, ya sea de elección o designación “sepa desde que acepta contender por un cargo, que no va llevar a toda su parentela a la nómina municipal”.
En su exposición de motivos, la diputada señala que el objetivo es asegurar que aquellos que vayan a ocupar cargos públicos en sus demarcaciones municipales, lo hagan comprometidos con sus ciudadanos, y no atendiendo a compromisos adquiridos en campaña.
“Es costumbre que, no obstante existir impedimento para contratar a familiares por afinidad o por consanguinidad, el presidente, el regidor o el síndico, solo se abstengan de participar en la correspondiente sesión de Cabildo y con eso burlan dicho principio alegando que no formaron parte de la votación, incumpliendo el principio de velar por los interese de los ciudadanos de su municipio, y a su vez quienes son contratados solo adquieren compromisos y velan por los intereses de quien los propone”.
Añade que de la misma manera, en las contrataciones de bienes, servicios y obras, se busca terminar con la práctica en muchos municipios del estado, que se contrata a través de parientes, amigos o prestanombres, beneficiando solo a los funcionarios, y generando obra cara y bienes con un costo comúnmente al doble de lo normal.
Esta iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Puntos Constitucionales.
