Esteban Espinoza / SLP
A fin de ampliar el concepto de violencia política y especificar claramente en la legislación estatal, las formas en que se manifiesta, la diputada Lucila Nava Piña presentó una iniciativa para modificar los artículos 3, 14, 18 y 25, y adicionar el capítulo XIII al artículo 29 BIS de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.
En la iniciativa, se propone establecer que la violencia política, se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.
Además, propone especificar que la violencia política puede expresarse en ocultar, información o documentación con el •objeto de limitar o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones; o en impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos en razón de género.
En su exposición de motivos, la legisladora señala que la violencia política hacia las mujeres limita el ejercicio de sus derechos humanos a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, dentro de los partidos políticos como militantes o aspirantes a candidatas, o en el ejercicio del cargo público.
Agrega que esta iniciativa propone además, la incorporación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política en contra las mujeres por razones de género y otorgarle facultades para prevenir, atender sancionar y en su caso erradicarla.
Se establece que corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, promover y proteger el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de las mujeres, y se amplían las facultades del Instituto de las Mujeres del Estado en la formación de liderazgos políticos, así como en el impulso a los mecanismos que promuevan y protejan los derechos político-electorales de las mujeres.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Derechos Humanos, Equidad y Género; Puntos Constitucionales; y Especial para la Reforma Político Electoral del Estado de San Luis Potosí.
