Desde que se conformó en 2010, el Gobierno federal ha destinado más de 154 millones de pesos a gastos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, son pocos los resultados de este órgano responsable de la protección de periodistas.

Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el sexenio de Enrique Peña Nieto son 45 los comunicadores asesinados, pero en estos cuatro años de la administración sólo se sentenciaron a dos personas por agresiones a periodistas. Antes del sexenio de Peña Nieto, hubo sólo otra sentencia, en 2012.

A la fecha, la Feadle ha integrado 798 averiguaciones previas que no prosperan y también impera la falta de transparencia: su portal de internet con estadísticas sobre agresiones a comunicadores no se actualiza desde septiembre de 2015.