La Procuraduría General de la República (PGR) inició dos carpetas de investigación por el posible desvío de casi 450 millones de pesos atribuibles a la administración del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.

Las averiguaciones se iniciaron por las denuncias penales que interpuso la Auditoría Superior de la Federación en abril pasado, derivado de la revisión de recursos federales que fueron entregados en 2011 al gobierno de Padrés.

Esos recursos estaban destinados a proyectos de obra pública en distintos municipios, pero no hay evidencia de que se hayan ejercido de forma correcta.

La primera denuncia, presentada el 19 de abril, es resultado de la auditoría 1107, que se aplicó al gobierno de Sonora por la firma de un convenio con el cual el gobierno federal transfirió recursos para la realización de 31 obras y proyectos en la entidad, que tendrían beneficio social.

Por este convenio en específico, la administración de Padrés recibió 347 millones 999 mil pesos. De ese total hay 137 millones 618 mil pesos que el gobierno asegura que se ejercieron pero no existe comprobación alguna de su destino. Los recursos tampoco fueron devueltos.

En esta auditoría en específico se encontraron otras irregularidades que también representan un posible daño al erario. Por ejemplo la falta de sanciones y multas a contratistas que no entregaron a tiempo las obras pactadas. En uno de esos casos los auditores estimaron que la afectación asciende a más de seis millones de pesos.

A esto se suma la falta de lineamientos, programas de resultados, ejes de evaluación y en general un descontrol total del seguimiento respecto a la efectividad de los recursos transferidos.

 

La segunda carpeta de investigación iniciada por la PGR es por la denuncia penal que presentó el pasado 20 de abril a ASF derivada de la auditoría 1111 practicada al Gobierno de Padres. En dicha auditoría se analizó el gasto de 547 millones 334 mil pesos que se recibieron del gobierno federal para la ejecución de 98 obras en el estado.

Lo que los auditores denunciaron es que existen 295 millones 789 mil pesos (más del 50 por ciento delos recursos transferidos), que no se saben dónde están. La administración de Padrés no los transfirió a los municipios pero tampoco los regresó, ni mostró documentos comprobatorios que acrediten su destino.

El dinero desaparecido debió invertirse en obras sociales como pavimentación, reparación o mantenimiento de alcantarillado y drenaje, iluminación, entre otros.

Además delo anterior la ASF reportó en esta auditoría varias irregularidades, como sanciones no aplicadas por obras que se entregaron de forma incompleta o con retrasos.

También hubo gastos inexplicables, como por ejemplo, la inversión de más de 400 mil pesos para obras de mejoramiento de imagen urbana en el terreno de una compañía de telefonía, una de televisión por cable y una joyería, que nada tienen que ver con el desarrollo social y beneficio público.

 

Millones desaparecidos, Padrés encarcelado

Con estas dos denuncias que interpuso  la Auditoría Superior de la Federación ya suma cuatro investigaciones penales por el presunto desvío de recursos federales promovidas contra la administración de Guillermo Padrés.

Las dos denuncias anteriores datan de agosto de 2014 y noviembre de 2016 y eran por el probable desvío de 220 millones de pesos.

Además de estos casos la Auditoría aún tiene detectados más de dos mil 500 millones de pesos que el gobierno de Sonora tiene pendientes por solventar y comprobar pues no hay evidencias de que hayan sido usados para los programas en los que fueron etiquetados Esto en los ejercicios del 2011 al 2015.

Si lo anterior no se comprueba derivaría en nuevas denuncias penales ante el Ministerio  Público de la Federación.

Mientras estas investigaciones se llevan a cabo el exgobernador de Sonora Guillermo Padrés se encuentra preso desde noviembre de 2016 tras entregarse voluntariamente a las autoridades, Actualmente enfrenta juicio por defraudación fiscal y presunto lavado de dinero por un monto de 8.8 millones de dólares.

Apenas el pasado 12 de mayo también fue detenido pero en Estados Unidos, gracias a una ficha roja de Interpol, el ex auditor fiscal de Sonora Valentín “N”. La PGR lo acusa de no cumplir con sus atribuciones e incumplimiento del deber púbico en la administración de Padrés.

También en Michoacán

En abril la Auditoría Superior de la Federación también interpuso una nueva denuncia penal por el presunto desvío de recursos en contra del gobierno estatal de Michoacán, esta vez por un posible daño patrimonial de más de 228 millones de pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Social.

En 2013 Michoacán recibió de parte del gobierno federal 257 millones de pesos para el referido fondo pero los auditores encontraron que prácticamente el 90 por ciento de esos recursos no se utilizaron adecuadamente o simplemente desaparecieron.

Michoacán es la segunda entidad del país con el mayor monto de recursos federales entregados y cuyo uso o destino no se ha comprobado; ascienden a 26 mil millones de pesos el presunto desfalco. Solo es superada por Veracruz donde la ASF reporta el posible desvío de más de 35 mil millones de pesos.

Cuello de botella

Con las denuncias penales que presentó en el mes de abril la Auditoría Superior de la Federación ya suman 777 las averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha promovido ante la Procuraduría General de la República por el desvío de recursos del 2007 a la fecha.

Las referidas denuncias son por un posible daño patrimonial acumulado de más de 26 mil millones de pesos. Además, los auditores trabajan aun en la revisión de casi 200 mil millones de pesos asignados a los estados que podrían haber sido desviados.

Peor hasta ahora no hay casos resueltos. De acuerdo con autoridades de la PGR consultadas por Animal Político, todas las denuncias presentadas por la Auditoría se encuentran vigentes pero no se reportó que alguna haya sido consignada.

Por su parte la Auditoría Superior de la Federación dijo que coadyuva con las investigaciones pero tampoco reporta casos resueltos.

La semana pasada el Instituto Nacional de Acceso a la Información resolvió un recurso de inconformidad promovida por una persona que le había solicitado a la ASF conocer el estado en el que se encuentran las averiguaciones que ha promovido.

La resolución del INAI establece que la Auditoría Superior de la Federación debe dar a conocer entre otras cosas el probable daño patrimonial generado por las denuncias que ha presentado, los delitos y el estado en el que se encuentran las mismas.