Ombudsman y funcionarios de derechos humanos de Honduras, Guatemala y El Salvador –países que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica– señalaron que debido a este ‘‘fortalecimiento’’ de las medidas migratorias mexicanas, desde hace varios años reciben un mayor número de sus ciudadanos deportados desde México que de Estados Unidos.
En los primeros cuatro meses del presente año, por ejemplo, han sido deportados más de 17 mil hondureños, de los cuales 9 mil fueron regresados desde México, y los 8 mil restantes desde Estados Unidos, informó Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de Derechos Humanos de Honduras.
La situación se repite casi en la misma proporción para las deportaciones a El Salvador y Guatemala. En este último país, entre enero y marzo de este año fueron retornados 15 mil 762 personas, 60 por ciento desde México y el resto vía aérea desde Estados Unidos.
‘‘En 2017, como en años anteriores, el número de deportaciones ha sido mayor desde México vía terrestre que de Estados Unidos. Nuestro país se ha convertido en un filtro fuerte para los migrantes. Hoy son interceptados en la frontera o territorio mexicano’’, dijo Jessica Ramírez, defensora de Población Desarraigada y Migrantes de la Procuraduría General de Derechos Humanos de Guatemala.
En tanto, Gerardo Alegría, procurador adjunto para la Defensa de Personas Migrantes de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, estimó que debido a la política de endurecimiento migratorio de Estados Unidos, México tiende a convertirse cada vez más en un país de destino alternativo para los migrantes que han salido de Centroamérica, principalmente de quienes provienen del llamado Triángulo Norte.
‘‘Es evidente que en los años recientes, México ha apostado mucho al cumplimiento de sus leyes migratorias. La construcción de esas grandes ciudadelas de control migratorio en las principales rutas de los migrantes –Tapachula, Arriaga o Comitán, entre otras–, junto con el aumento de los patrullajes y mayor número de oficiales y recursos, muestran claramente que es un intento por hacer cumplir sus leyes migratorias’’, dijo el procurador salvadoreño.
Entrevistados en Ciudad de México, donde participaron en la segunda Cumbre Iberoamericana de Migración, los tres directivos alertaron del grave problema de violencia que enfrenta la subregión centroamericana. Señalaron que esta violencia ahora se ha visto combinada con los factores históricos de la pobreza, la falta de oportunidades y la debilidad institucional, lo cual ha obligado a muchos centroamericanos a emprender el tortuoso camino a un país que a pesar de los discursos hostiles ofrece alguna posibilidad de mejorar sus vidas y las de sus descendientes.
Reconocieron que corresponde a cada Estado, en su soberanía, establecer las medidas que considere adecuadas para proteger sus fronteras, pero que también están obligados a hacerlo bajo los principios universales que hay de respeto a la dignidad de personas y desde los derechos humanos.
De manera particular, pidieron al gobierno mexicano facilitar y ampliar, con claridad de criterios, las solicitudes de refugio y programas de regularización para extranjeros.
