Esteban Espinoza / SLP
Tras la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia Género, el Congreso del Estado se sumará a los trabajos que realicen las dependencias estatales y municipales para implementar medidas de atención, prevención y seguridad para las mujeres potosinas, manifestó la diputada Lucila Nava Piña.
Hizo un llamado especial a las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Gobernación en el Congreso del Estado, para dictaminar a la brevedad posible la iniciativa de reforma que presentó para que fuera obligatoria la certificación de los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia y Salud en perspectiva de género y de derechos humanos.
Esto, indicó, permitirá una mejor atención por parte de las instancias de procuración de justicia, y coadyuvará en las acciones previstas por la propia Declaratoria de Alerta de Género para la atención de casos de violencia contra las mujeres.
Debemos tomar las medidas necesarias para garantizar a las mujeres y niñas del territorio estatal “el derecho a vivir una vida libre de violencia, por lo que a partir de esta declaratoria, coadyuvarán con las diferentes entidades estatales y municipales, en el diseño del programa de trabajo que permita implementar distintas medidas de seguridad, prevención y justicia”.
Recordó que la Declaratoria de la Alerta de Género fue emitida para los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.
Manifestó que la Alerta de Genero hace énfasis en la capacitación y profesionalización del servicio público en perspectiva de género y de derechos humanos; campañas de prevención para estudiantes, profesoras y profesores y la sociedad general.
Dijo que por ello, las autoridades deberán difundir de manera inmediata sobre las medidas prevención, vigilancia y seguridad que se van implementar en los seis municipios señalados en la alerta de género, incluyendo además a todos los municipios del estado.
“La emisión de la Alerta de Género contra las Mujeres representa una oportunidad para reencauzar los canales de comunicación y coordinación entre organizaciones de la sociedad civil y las autoridades estatales en tres ejes de trabajo: prevención, seguridad y acceso de las mujeres a la justicia”, señaló.
