REFLEXIONANDO
Por el Lic. Luis Fernando Leal Beltrán
La “Ley de Asociaciones civiles”
Una de las formas por las cuales los gobiernos de nuestro país especialmente federal y estatales se aprestan a dar participación a la sociedad civil en los programas de gobierno es precisamente el apoyar mediante proyectos presentados por estas en el rubro de infraestructura, productivos o simplemente de apoyo al mejoramiento en general de la sociedad, los cuales está perfectamente diseñados para que estas asociaciones de conviertan en ejecutores auxiliares del gobierno, en un espectro muy grande participación, las cuales rinden muy escasas cuentas y menos aún a hoy existe una ley que en concreto las pueda auditar y someter al escrutinio público como debe de ser al tener un manejo prácticamente discrecional del recurso público, es por eso que en la última década las asociaciones civiles han florecido por miles en un bum de la “inversión pública”, en este aspecto el Titulo Decimo Primero del Código Civil del Estado de San Luis Potosí, atiende a delinear claramente la constitución y el funcionamiento de las sociedades tal y como lo hacen también sus correlativos códigos de los estados, define muy claramente punto por punto la forma de constituirse, de operar y claro lo mejor del asunto es que este tipo de sociedades están solamente sujetas al escrutinio de sus propios socios en cuanto a su administración, y son estas precisamente uno de los mecanismos más utilizados por los habilidosos saqueadores de los recursos públicos quienes en el mejor de los casos cometen los grandísimos y cuantiosísimos fraudes mal llamados de cuello blanco con la constitución de empresas o sociedades fantasmas inexistentes, y en las que participan presta nombres, amigos, familiares y en alguno de los casos por increíble que parezca resultan ser socios hasta los artífices del fraude aun cuando detentan cargos públicos siendo esto último el colmo de la desfachatez y que nos da una clara idea del nivel de impunidad que tienen los atracadores del sistema, existe otro medio para robarse los recursos públicos y es la constitución de sociedades de producción rural, sociedades de producción de jóvenes, mujeres y todas aquellas que encuadren en el ramo de la productividad y que les permitan como asociaciones civiles, o sociedades cooperativas, muchas totalmente inexistentes e incluso en muchísimos casos ni siquiera protocolizadas conforme a la ley y que es por medio de las cuales se presentan supuestos proyectos para recibir apoyos a la producción que van desde los $230, 000.00 y hasta los $2, 000 000.00, proyectos que en su mayoría se establecen como apoyos a fondo perdido y que efectivamente resultan en el 95% de los casos proyectos perdidos que reclutan inviables o como están hechos desde la mentira y el fraude jurídico pues como ya comente muchas de las sociedades ni siquiera cuentan con un registro legal, es obvio y queda más que claro que es precisamente el gestor intermedio, es decir, los mismos funcionarios públicos, diputados locales y federales que se la pasan bajando recursos de apoyo que nunca llegan a sus destinatarios pues los bajan únicamente para sí y sus prestanombres, es caso que en el estado de San Luis Potosí en los últimos diez años se han constituido cerca de 700 sociedades, o asociaciones que han sido proveídas de recursos públicos y que han sido entregadas a “Organizaciones Sociales” tales como CNC, UNORCA, HUGOCEM, ANTORCHA, ALCANO Y otras más organizaciones, de las cuales haciendo una revisión a través de los medios informativos existentes se encuentra debidamente registradas solamente cinco de setecientas, con lo cual queda más que claro que el fraude mayúsculo bien operado y revestido de impunidad de origen está debidamente ideado y operado por la clase política, principalmente entre los legisladores y las organizaciones sociales que en maligno contubernio saquean a carretadas los impuestos de los contribuyentes, no pasando por alto el grandísimo nivel de corrupción e involucramiento de las propias instituciones encargadas de proveer los recursos tales como INAES, CEDATU, SAGARPA, SEDESOL, COMISION NACIONAL DE ZONAS ARIDAS Y no se diga del INCA RURAL a través de quien pasan miles de millones de pesos anualmente y los cuales se dilapidan sin la mínima supervisión y comprobación exacta del fruto de su destino, en lo que interesa es de recalcarse que si las 700 sociedades o asociaciones a nivel estado de las que hablamos hubiesen operado como la norma que les proveyó el recurso para proyectos lo marca al día de hoy tendríamos operando cerca de 3500 empresas mediana y micros esencialmente trabajando para la producción, la autosuficiencia alimentaria y un 20% de estas operando en el ramo de servicios, lo que en el terreno de la verdad pública y sabida es que actualmente no llegamos ni a 20 empresas o negocios operando como fueron supuestamente proyectados para beneficio de los potosinos, y si bien es cierto la conformación de las sociedades a que nos hacemos referencias son tendientes a enmascarar el fraude y diluir las responsabilidades penales, cierto también es que esa fortuna de miles de millones de pesos que ha ido a parar a unas cuantas manos es perfectamente rastreable y detectable, podemos pensar que de acuerdo a la ley penal quizá sería difícil involucrar directamente a los “gestores” de los recursos o intermediarios más sin embargo esas grandes cantidades de dinero llegan a un destino y hoy por hoy tenemos al eficientísimo SAT que puede detectar en instantes depósitos a cuentas de personas no registradas como contribuyentes que ostenten tan solo tarjetas de débito pequeños movimientos que van a dar a una central de información como también mediante la tecnología pueden detectar ministraciones de dinero directas e indirectas, transferencias y todo aquel recurso que se denomine dinero o adquisición de bienes que se deriven de la tenencia del mismo, de tal suerte que bastarían pocas horas o días quizás para detectar el destino de muchísimos recursos a los cuales únicamente habría que investigarles el origen, bajo esta tesitura y la inexistencia de un crimen perfecto hasta el mínimo delito financiero cometido en contra de la administración pública o un particular es perfectamente detectable, rastreable y castigable, lamentablemente a todo esto se interpone únicamente un obstáculo “LA IMPUNIDAD”, gracias, saludos y bendiciones. ¡VIVA MEXICO!
“EN POLÍTICA SUCEDE COMO EN LAS MATEMÁTICAS: TODO LO QUE NO ES TOTALMENTE CORRECTO, ESTÁ MAL”.
Edward Moore Kennedy
