CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La confirmación de que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fueron víctimas de intentos de espionaje –probablemente operados desde el gobierno de Enrique Peña Nieto– es “particularmente grave” y podría tener “implicaciones en términos de derecho internacional”.

Así lo estimó hoy el colectivo de organizaciones que el pasado 19 de junio interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el uso del malware Pegasus.

En reacción al informe publicado hoy por Citizen Lab, que aportó otro elemento al escándalo de espionaje gubernamental bautizado en redes sociales como #GobiernoEspía, las organizaciones subrayaron la necesidad de que un “panel internacional” supervise la investigación que la PGR abrió sobre el uso de dicho malware en el gobierno federal.

Desde un principio las organizaciones y víctimas de tentativa de espionaje –entre ellos periodistas, activistas y políticos– expresaron sus dudas sobre la voluntad de la PGR de investigar a las agencias del gobierno federal que compraron los paquetes de infecciones del sistema Pegasus, que permite tomar el control de los celulares de las víctimas y convierten los aparatos en micrófonos y cámaras espías.

En ese sentido, el colectivo conformado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Artículo 19, Socialtic, R3D, El Poder del Consumidor, IMCO y Mexicanos contra la Corrupción, reiteró hoy su exigencia de que el gobierno federal transparente todos los contratos que sus dependencias celebraron para la compra de la tecnología Pegasus, desarrollada por la empresa de origen israelí NSO Group, la cual ha asegurado que vende sus productos exclusivamente a gobiernos.

Hasta la fecha se sabe que la PGR (a través de la Agencia de Investigación Criminal), la Secretaría de Gobernación (mediante el Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y la Secretaría de la Defensa Nacional adquirieron Pegasus y compraron actualizaciones del malware.

Desde principios de año, Citizen Lab –una institución académica adscrita a la Universidad de Toronto– publicó cuatro informes que demostraron la tentativa de infecciones de celulares de periodistas (una de ellas Carmen Aristegui), activistas (integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez) y políticos con el malware Pegasus.

El último de ellos, publicado este lunes, confirmó que los expertos del GIEI recibieron mensajes con enlaces infecciosos mientras coadyuvaban en la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, bajo el mandato de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

El GIEI enterró la llamada “verdad histórica” del gobierno federal en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, y obligó a la PGR a seguir otras líneas de investigación.