El cártel de los Zetas sobornó  la administración pasada y actual de Coahuila, y sometió a varias policías locales, a la policía estatal e incluso a agentes federales y soldados para cometer crímenes, de acuerdo con testigos en juicios contra miembros del grupo criminal realizados en Estados Unidos.

La clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas publicó este lunes su informe “Control… sobre todo el Estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas”.

En él se incluyen testimonios de ex integrantes de los Zetas que explican cómo el cártel lavó dinero, sobornó y asesinó para tener el control de hasta 27 de los 32 estados de la República Mexicana.

Los sobornos involucraron a funcionarios de tan alto rango como el ex gobernador de Coahuila de 2005 a 2011.

Rodrigo Humberto Uribe Tapia, asesor de inversiones y encargado de lavado de dinero de los Zetas entre 2006 y 2011 y quien ha colaborado con el gobierno de Estados Unidos desde 2009, confesó haber acompañado personalmente a Daniel Menera Sierra, comandante zeta en Piedras Negras, Coahuila, para entregar dos millones de dólares en efectivo a Vicente Chaires, quien fue secretario particular del ex gobernador, y a Jesús Torres Charles, entonces procurador del estado, a cambio del control total sobre la entidad.

 

Contadora asesinada en el jardín de una casa de Javier Duarte

Los testigos también implicaron a dos gobernadores de Veracruz durante los juicios. Uribe describió una reunión que él tuvo con Heriberto Lazcano, otros líderes zetas y una contadora en una casa propiedad de Javier Duarte, gobernador de Veracruz del 2010 al 2016. Según Uribe, Lazcano mató a la contadora después de esta reunión, justo en el jardín de esta casa.

En otra ocasión, Efraín Torres, un líder de Los Zetas, le dio $12 millones de dólares al empresario Francisco Colorado Cessa para apoyar la campaña electoral de Fidel Herrera para gobernador de Veracruz en 2004, según declaró José Carlos Hinojosa, ex fiscal federal en Tamaulipas y contador de los Zetas.

Uribe Tapia también declaró ante el fiscal Russel Leachman que los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla estaban bajo “control total” de los Zetas y que los estados de Morelos y Tamaulipas, particularmente la ciudad de Tampico, estaban “bajo influencia” del cártel.

En su testimonio rendido el 6 de julio de 2016, Uribe explicó que cuando hablaba de que los Zetas tenían el “control de la policía” se refería a “todos, incluyendo la policía estatal,algunos de la federal, la policía local, políticos, presidentes municipales (otros) políticos”.

“Cuando dices controlar a los federales, los soldados y la policía ¿a qué te refieres por control?”, preguntó el fiscal a Uribe. ” ‘Que ellos (Los Zetas) pagan. Pagaban sus cuotaspara poder mover sus drogas libremente y que no tuvieran ningún problema para que las drogas pudieran pasar por Coahuila y llegar a Piedras Negras, y poder pasarlas al otro lado y trabajar sin tener algún problema y sin que les fueran aseguradas”, respondió.

Además de recibir sobornos para no interferir con las actividades criminales de los Zetas, algunos agentestrabajaron para el cártel.

Marlon Campos Salmerón, ex policía municipal en Piedras Negras y traficante de drogas y armas para Los Zetas, dijo al fiscal Leachman el 18 de junio de 2014 que la policía sí trabajaba para los Zetas y que a él personalmente le habían pedido detener gente para el cártel así como buscar información para ellos.

 

Niña de 6 años, entre las víctimas

Además del involucramiento de las instituciones de seguridad y altos funcionarios con las actividades de los Zetas, el informe incluye testimonios de ex miembros del cártel sobre violaciones a derechos humanos como masacres y asesinatos.

Jorge de León Navarro, asistente personal de uno de los líderes de los Zetas y traficante de droga y dinero hasta su detención en 2013, relató en distintas ocasiones cómo a principios de 2013 fue responsabilizado por una carga de mariguana que se perdió.

Fue detenido y secuestrado por los Zetas durante 13 días en los que fue obligado a ver varios hechos de tortura y asesinato, algunos de los cuales incluyeron a una niña de aproximadamente seis años.

“Los testimonios que fueron analizados demuestran que los tribunales y procuradores en Estados Unidos tienen la oportunidad de sacar a la luz abusos a derechos humanosa través de investigaciones y juicios federales. Para abordar las demandas de las víctimas de estos abusos, el Departamento de Justicia debe dar instrucciones a fiscales estadounidenses para procesar casos que destaquen asesinatos, desapariciones y otros abusos a los derechos humanos cometidos por el cártel”, concluyó el informe.

El informe completo en español puede consultarse en este enlace.

Por Aristegui Noticias

 

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