CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- A un cuando la Ley de Seguridad Interior (LSI) está pendiente de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Enrique Peña Nieto lidiará con la inseguridad en su último año de gobierno considerándola como un asunto de seguridad nacional.

El 29 de enero, el presidente convocó al gabinete de seguridad nacional a la residencia oficial de Los Pinos. Ese día presentó a Alfonso Navarrete Prida como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), tras haber asumido como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) cuatro semanas antes. Estuvo sentado a la derecha del Presidente, antecediendo a los secretarios de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y el de Marina, almirante Francisco Soberón.­

En la reunión también estuvo el nuevo director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Alberto Bazbaz Sacal, colaborador de Peña Nieto desde el Estado de México; también participó Tomás Zerón de Lucio, el secretario técnico del CSN y ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, otro de los hombres más cercanos a Peña Nieto desde sus tiempos de gobernador en el Edomex.

Fue el primer acto en el que Navarrete Prida hizo sentir su nombramiento luego de descabezar al equipo de Miguel Ángel Osorio Chong en las áreas de seguridad del gobierno federal, particularmente en las de inteligencia.

Apenas ocupó la titularidad de Gobernación el 10 de enero, Navarrete cambió al director del Cisen y al responsable de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Damián Canales, quien fue reemplazado por Víctor Manuel Torres Moreno, antiguo colaborador de Navarrete.

En la reunión del CSN en Los Pinos se decidió el despliegue de la Policía Federal y de la AIC en los estados que más están dando de qué hablar en el extranjero por los índices de violencia en México: Baja California Sur, Colima, Nayarit y Quintana Roo, al margen de la continua violencia en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz.

La Presidencia de la República informó ese día que se decidió un nuevo despliegue de fuerzas federales y estatales en distintas partes del país. No se habló de ninguna movilización militar.

El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quien depende directamente del secretario de Gobernación, anunció el envío de 5 mil efectivos de la división de Fuerzas Federales de la Policía Federal a Cancún, Quintana Roo; Los Cabos, Baja California, y a tres ciudades del estado de Colima: Colima, la capital, Tecomán y el puerto de Manzanillo. El envío de policías federales a Nayarit fue anunciado el 31 de enero por Navarrete Prida.

Aunque no hubo orden para que nuevas tropas salieran de sus cuarteles, los militares no se quedaron atrás. Al siguiente día de la reunión de CSN, el general Cienfuegos se trasladó al sur de Veracruz a supervisar el funcionamiento de un retén, en un hecho inédito y en lo que fue la primera operación pública del jefe del Ejército desde que Peña Nieto promulgó la LSI, el pasado 21 de diciembre.

Intimidación

Como si la LSI ya tuviera plena vigencia, el general Cienfuegos se trasladó a un retén instalado por el Ejército y la Marina a la salida de Coatzacoalcos, en dirección al estado de Tabasco. Estuvo acompañado por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

Pero no fue el mejor día para el Alto Mando del Ejército ni para el gobernante estatal. Lo que estaba previsto como un acto propagandístico de una acción cívico-militar, acabó en un fiasco y en una demostración del tamaño del problema.

Vestido con su uniforme de uso diario y su quepí de cuatro estrellas, el general Cienfuegos se dirigió al retén o puesto de vigilancia, como lo llaman los militares. El comandante de la Sexta Región Militar, con sede en La Boticaria, en Boca del Río, el general Juan Manuel Rico Gámez, le explicaba cómo operaba la vigilancia.

En ese momento, desafiante, pasó frente a ellos un grupo de personas en autos sin matrículas.

–Veo unos vehículos que no traen placa… ¿No pasa nada? –expresó el general Cienfuegos, quien estaba rodeado de oficiales que lo custodiaban.

–No, sí –balbuceó el general Rico Gámez, libreta en mano.

El gobernador Miguel Ángel Yunes, quien estaba al lado del general secretario, se levantó de puntas para seguir el recorrido de los vehículos.

–Yo no sé si haya tránsito aquí, pero…, continuó el general secretario.

–Sí, sí hay –respondió el comandante de la Sexta Región Militar, al tiempo que escribía rápidamente en su libreta.

–Todos cumplimos con la ley, ¿y ellos? –reprochó el jefe del Ejército.

El gobernador seguía inquieto, buscando de un lado a otro. ¡Jaime!, llamó entonces a su secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez.

El funcionario, quien al momento del incidente estaba atrás del grupo hablando por teléfono, se acercó para recibir instrucciones de Yunes.

El propio general Cienfuegos quiso salir del paso y, como si no hubiera pasado nada, preguntó: “¿Y quién selecciona? ¿Llevamos un control de los vehículos que pasan?”.

El gobernador se quedó con el gesto adusto, con las manos unidas al frente.

La contrariedad de Yunes Linares tenía otra razón. A pocas horas de la llegada del general Cienfuegos a Minatitlán, desde donde se trasladó a Coatzacoalcos, fueron colocadas en esa ciudad y en el municipio de Nanchital mantas atribuidas a la delincuencia organizada en la que acusaban a miembros del , las amenazas iban dirigidas al delegado de la Policía Ministerial en la ciudad: “Sr gobernador, si usted no hace al respecto, lo haremoz nostroz y corrermás sangre” (sic), decía la manta, según informó la prensa local.