Esteban Espinoza / SLP
La diputada Josefina Salazar Báez presentará un punto de acuerdo para que la LXI Legislatura del Congreso del Estado exhorte, respetuosamente y en el marco de un diálogo institucional, al Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a que en breve término dé respuesta por escrito al acuerdo emitido por esta Soberanía el 23 de noviembre de 2017, en el que se le solicita información en relación con las acciones emprendidas con motivo de la implementación de la Alerta de Género en seis municipios del Estado de San Luis Potosí.
Lo anterior porque es necesario realizar un examen detenido de la efectividad de las acciones derivadas de la Alerta de Género y considerar, viendo de frente a la sociedad civil, si es necesario reforzar o realizar cambios en las acciones emprendidas. Pero para llegar a ese resultado se necesita contar con la información adecuada y que los Poderes del Estado diseñen una estrategia integral perfectamente comunicada que potencie sus efectos e impida la fragmentación y el debilitamiento de nuestras capacidades institucionales.
El punto de acuerdo, que se presentará en la sesión ordinaria del pleno del Congreso del Estado de este jueves, señala que de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el 2017 se cometieron 18 feminicidios en nuestro estado, lo que estadísticamente se trata de una cifra superior a la media nacional en ese mismo periodo. Y ahora, en las primeras semanas de este 2018, se han registrado 6 casos, lo que es equivalente a una tercera parte del total del 2017, en apenas el primer mes del año. Y no se puede soslayar la gravedad de estos datos.
Agrega que los motivos que animaron los esfuerzos institucionales para que se lograra la implementación de la Alerta de Género, siguen estando ahí: en San Luis Potosí existe una tasa de feminicidios que se colocó como la segunda más alta en el 2017, y se perfila para ser la más alta del 2018, conforme lo transcurrido hasta ahora; pero lo verdaderamente grave es que si no se cambia esta inercia de prevención, atención, erradicación y sanción, en este año, de acuerdo a las predicciones estadísticas, sería mucho peor para nuestra entidad.
Los hechos recientes son indignantes y es urgente tomar medidas para salvaguardar la vida y los derechos de las mujeres.
Se recuerda que en junio del año 2017, tras investigaciones, gestiones y esfuerzos institucionales, se implementó la Alerta de Género en seis municipios de nuestro Estado, posibilitando la realización de acciones sustantivas y mecanismos de coordinación comprendidos en los protocolos aplicables para la prevención de violencia contra las mujeres.
En ese tenor, con fecha de 23 de noviembre de 2017, esta Soberanía emitió un Acuerdo por medio del cual se exhortó al Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SEPASEV) a que informara, con un criterio de presupuesto basado en resultados, cuáles son las acciones que se han ejecutado derivado de la implementación de la Alerta de Género de junio 2017 en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale.
No obstante la importancia de la información requerida, amén de la necesidad de establecer acciones interinstitucionales entre los Poderes del Estado, hasta la fecha no se ha recibido respuesta del acuerdo emitido por esta Soberanía, y lamentablemente, como a todas y todos nos consta, en San Luis Potosí la violencia extrema contra las mujeres, particular y gravemente la expresada en el feminicidio, continúa agravándose y suscitándose de manera cada vez más frecuente.
No olvidemos que los Acuerdos emitidos por el Poder Legislativo a través del instrumento parlamentario denominado Punto de Acuerdo, por fundamentación legal, no tienen ninguna capacidad vinculatoria, sin embargo, eso no significa que no deban merecer al menos una respuesta institucional, especialmente, si atendemos a la importancia y gravedad de la materia del asunto.
Es dable y jurídicamente razonable, que en virtud de que el asunto solicitado cae en el ámbito de competencias de a quien se solicita respuesta, se proporcione de forma inmediata.
Como parte de las instituciones, pero también como parte representantes de la sociedad, debemos hacer lo que esté en nuestras capacidades para prevenir y detener la violencia feminicida; sostiene el punto de acuerdo de la legisladora Salazar Báez.
