Agentes de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de cinco policías municipales de Valle de Bravo, por su probable participación en el delito de desaparición forzada.

A través de un comunicado, se resaltó que es la primera ocasión en la historia de la entidad que se ejercita acción penal en contra de elementos de alguna corporación policiaca por este delito.

Además de los cinco elementos de la policía municipal de Valle de Bravo que fueron detenidos, también fue asegurado un civil, a quien se investiga por su probable participación en hechos delictivos que lleva a cabo una banda delincuencial.

José de la Luz Viñas, fiscal especializado en Combate a la Corrupción, explicó que la investigación comenzó a finales del año pasado, derivado de hechos ocurridos el 16 de noviembre del 2017, cuando los policías detenidos habrían asegurado a un joven de 21 años de edad, en un negocio en Barrio de Otumba, en Valle de Bravo, a quien al parecer entregaron a miembros de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán.

“El delito que se les imputa es desaparición forzada y, es importante resaltarlo porque es de los primeros, en el Estado de México seguro es el primero que se les vincula por este delito previsto en la Ley General correspondiente. A nivel nacional es muy probable que estemos entre los primeros estados que se vincula un caso como éste”, detalló.

El Ministerio Público encontró elementos de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión en contra de los cinco policías y el civil, por el delito de desaparición forzada, la cual fue cumplimentada el 1 de febrero de este año.

Los policías detenidos fueron identificados de la siguiente manera:

1. Eduardo “N”, de 39 años
2. Edmundo “N”, de 34 años
3. Fidel “N”, de 48 años
4. Marco Antonio “N” de 3 años
5. Reynaldo “N”, de 39 años,

Y el civil:

• Julio César “N”, de 30 años, presunto integrante de un grupo delincuencial.

Dichas personas fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, donde quedaron a disposición de un Juez, autoridad que los vinculó a proceso por el delito de desaparición forzada; además les fue decretada una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que enfrentarán su proceso penal en reclusión.