La Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas No Localizadas reveló el “modus operandi” del cuerpo de élite de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Arturo “Capitán Tormenta” Bermúdez, que en búsqueda de presuntos integrantes de Los Zetas detenían a sospechosos a quienes “desaparecían” sin dejar huella alguna.

Así era el grupo élite policiaco del gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa.

En la audiencia inicial para legalizar la detención de los 16 policías estatales acusados de desaparición forzada, más tres exmandos policiacos (Arturo Bermúdez Zurita, extitular de SSP; Óscar Sánchez Tirado, exdirector de Reinserción y Prevención Social, y Roberto González “El Teniente Meza”, exdirector de la Fuerza Civil), la Fiscalía General del Estado (FGE) ilustró en la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017 que la SSP tenía un escuadrón de persecución policiaca (patrullas 1800, 1408, 1426 y 1892) con 16 policías estatales a bordo quienes detuvieron a hombres y mujeres, incluso menores de edad, en el municipio de Xalapa, Emiliano Zapata, Banderilla, Naolinco y Jilotepec, bajo la única sospecha de ser integrantes de Los Zetas.

La FGE logró -por el momento- presentar datos de pruebas de 15 desapariciones forzadas, cuyo paradero hoy se desconoce, pero en la audiencia inicial, escuchada por la juez de Control, Alma Leyda Sosa, los fiscales expresaron que pudieron haber sido privados de la vida.

La audiencia de imputación continúa tras 40 horas interrumpidas por varios recesos, en donde la defensa de los cuerpos policiacos exigieron que el juicio fuera atraído por un juzgado federal.

Se espera que en las próximas horas del sábado se definan las medidas cautelares a los policías imputados por el delito de desaparición forzada.

Un caso documentado por proceso.com.mx, en octubre del 2013, contó la historia de Jacqueline Espejo Moctezuma, oficial del agrupamiento carretero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz quien denunció maltrato psicológico, golpes y amenazas de muerte por parte de elementos del cuerpo de élite y de reacción inmediata de la Policía Estatal Acreditable.

En entrevista anterior, la joven refirió que en esa fecha después de abandonar el Cuartel San José, fue interceptada por la patrulla número 1397. De la unidad, dijo, bajaron cuatro policías encapuchados que la obligaron a descender del taxi 6855 y, posteriormente, la esposaron de pies y manos, le pusieron vendas en los ojos, la golpearon y la torturaron.

De acuerdo con la oficial, estuvo retenida durante cuatro días, y mediante tortura en las instalaciones de la Academia de Policía de El Lencero, sostuvo, querían obligarla a que aceptara la posesión de varios tabiques de mariguana. Al negarse, los policías de élite la mantuvieron día y noche a punta de patadas y cachetadas.

“Me dijeron que confesara la posesión de esos tabiques de mariguana, que sabían dónde vivían mis hijos y que no me quisiera pasar de pendeja, porque me iba a cargar la madre. Un policía me puso una pistola en la sien y cortó cartucho, me dijo: ‘si no confiesas, aquí te carga la chingada’”, expuso.

El conductor del taxi, Andrés Aguilar Marín, de 37 años, también fue detenido por los cuerpos de elite y de reacción inmediata de la SSP. Al día de hoy, de Aguilar Marín se desconoce su paradero, lo último que se supo de él es que había sido torturado por policías estatales en el interior de la Academia de Policía de El Lencero.

La hermana del taxista dijo que interpuso un amparo bajo la figura del “Habeas Corpus”, para que autoridades ministeriales realizaran un cateo en las instalaciones de El Lencero para ver si en ese lugar se encontraba el taxista. El resultado fue infructuoso.

En el amparo se responsabilizó al titular de la SSP del estado, Arturo Bermúdez Zurita; al director de operaciones de la misma dependencia, José Manuel Martínez, y al comandante de la División de la Policía Estatal, Arturo Paredes Guevara, por cualquier lesión, herida o privación de la vida contra Andrés Aguilar Marín.

En la audiencia de los 16 policías estatales y tres mandos policiacos (dos de ellos, Roberto González y Óscar Sánchez, ya en prisión con anterioridad), el fiscal especializado para la Búsqueda de Personas no Localizadas, Luis Eduardo Coronel refirió que más víctimas: Jorge Leal Amaro, Uriel Hernández Vega, Viviana Hernández Moguel, Antonio Morales Marín, Cecilia de la Cruz, Héctor Campos, José Cruz Peralta, entre otros, fueron “levantados” sin motivo aparente por un “cuerpo de reacción” de la SSP en Lázaro Cárdenas, afuera de Plaza Crystal, en la calle Poeta Jesús Díaz, zona céntrica de Xalapa, o en sitios marginales como la colonia Revolución o en la carretera Banderilla-Coatepec.

Esta audiencia inicial se ha tornado épica, pues después de 40 horas de desarrollo procesal, los policías acusados de “desaparición forzada” no han podido ser imputados, menos vinculados a proceso por la férrea defensa de los expolicías en el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa.

Incluso, Rodolfo de la Guarda, defensa jurídica de Arturo Bermúdez solicitó el traslado de la audiencia a un órgano jurisdiccional federal, alegando que por el tipo de delitos, la juez -“su señoría”- no es “competente” para conocer del caso.

Otros abogados presentes en el caso, acusaron una conducta omisa de la Fiscalía, quien no “quiere, ni desea contestar las precisiones”, con la complacencia de la juez Alma Leyda Sosa.