Neldy San Martín

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- Trece días antes de que el gobierno federal lanzara una estrategia para combatir el robo de combustible y la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), en el piso 44 de la Torre Ejecutiva de la empresa productiva del Estado su Consejo de Administración —que presiden la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa— aprobó los nombramientos de los directivos de las subsidiarias.

Entre ellos hay personajes vinculados con escándalos como la Estafa Maestra y el caso Odebrecht, y funcionarios sin experiencia en materia energética pero cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y al director general de Pemex, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza.

Ese día, 14 de diciembre, Miguel Ángel Lozada Aguilar fue designado director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), según el acuerdo CA-165/2018. Lozada es un ingeniero petrolero con más de 35 años de servicio en Pemex: de 2009 a 2014 fue administrador del Activo Integral Cantarell, a 80 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, uno de los yacimientos más grandes del mundo.

No obstante, en 2017 el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció el cierre de ese complejo con la frase: “La gallina de los huevos de oro se acabó”.

Ese año el nombre de Lozada apareció en la investigación periodística de la Estafa Maestra. Ahora, tiene la tarea de desterrar la corrupción de PEP.

La sombra de Odebrecht

A propuesta de Romero Oropeza, el abogado José Samuel Sánchez Reyes fue ratificado por el Consejo de Administración como subdirector jurídico de Operaciones Regionales, pese a que buena parte de la trama de sobornos de Odebrecht coincide con sus años como gerente jurídico de Convenios y Contratos de Pemex, cargo que desempeñó de 2012 a 2015 para más tarde ser gerente jurídico de contratos de Procura y Abastecimiento de Exploración y Extracción, según el currículum que forma parte de su declaración patrimonial en la plataforma Declaranet, de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Sánchez Reyes figura entre los 18 funcionarios investigados por la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta participación en los contratos entre Pemex y Odebrecht; hecho que se deriva de la investigación contra el ex director Emilio Lozoya por lavado de dinero y cohecho (carpeta FED/SEIDF/CG-I-CDMX/117/2017).

Hombres de confianza

Entre otros nombramientos hechos a solicitud de Romero Oropeza de personajes sin experiencia pero cercanos a él destaca el de Marcos Manuel Herrería Alamina, su secretario particular, cuando aquél fue oficial mayor del gobierno del Distrito Federal durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Ahora fue designado director corporativo de Administración y Servicios de Pemex.

Herrería Alamina, cuñado de Pedro López Obrador, hermano del presidente,  también estuvo en la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas capitalina durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Romero Oropeza asignó a otro hombre cercano a la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño de Pemex: el ingeniero industrial Víctor Manuel Navarro Cervantes, quien fue subdirector de Administración y Finanzas del Metro en 2004; más tarde, en 2005, fue coordinador general de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor, que en ese momento dejó el director actual de Pemex.

Otra ficha del lopezobradorismo que tiene un papel central en la cruzada contra el huachicol, de la que se desprende la estrategia del cierre de ductos, es Javier Emiliano González del Villar, director general de Pemex Logística, subsidiaria encargada de la distribución de combustible en el país.

González del Villar, sobrino del ex procurador capitalino Samuel del Villar, tampoco tiene credenciales en el área energética: es licenciado en derecho y se desempeñó de 2004 a 2015 en funciones de seguridad. Fue director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México de 2004 a 2007, y más tarde, de 2009 a 2011, asesor en tareas de seguridad pública del entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Al año siguiente fungió como primer fiscal de Extinción de Dominio de la Procuraduría capitalina.