CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- En respuesta a las expresiones de “punto final” y “borrón y cuenta nueva” para los casos de corrupción e impunidad de los últimos 50 años, activistas y académicos exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador medidas efectivas para alcanzar la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición por violaciones graves a los derechos humanos.
En conferencia de prensa, miembros de organizaciones sociales y víctimas de abusos presentaron ayer martes sus propuestas para la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y una Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, así como la implementación de un nuevo modelo de reparación y un mecanismo de participación de la sociedad civil en dichos proyectos.
Durante la exhibición de los documentos, entregados a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Araceli Rodríguez —madre de Moisés Hernández García, un policía federal desaparecido tras la represión en Nochixtlán, Oaxaca— y Miguel Ángel Moreno, abogado de la comunidad de Arantepecua, Michoacán, víctima de abusos policiales, se pronunciaron en contra del “borrón y cuenta nueva”, y señalaron que ello va contra el compromiso que López Obrador hizo con las víctimas, como candidato y presidente electo.
José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recordó que ante un panorama desolador, “con registros de más de 40 mil desaparecidos, 30 mil cuerpos sin identificar, 200 mil personas ejecutadas y 15 mil casos de tortura, muchos de ellos por miembros de fuerzas armadas, números que superan a los registrados en países con conflictos armados, lo que claman las víctimas es que realmente haya verdad y justicia, para que mínimamente se vaya recuperando la confianza en las instituciones”.
Respecto de la Comisión Nacional de la Verdad, Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), destacó que la propuesta es que sea un ente creado por el Congreso, en busca de explicar los orígenes de la violencia, así como entender patrones e identificar perpetradores de graves violaciones a derechos humanos, considerando dos periodos: el de la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico, de 2006 a la fecha, y el de la “violencia política”, de 1965 a 2006.
