Gabriela Hernández

SANTA MARÍA ZACATEPEC, Pue. (Apro).- La consulta sobre la puesta en operación de la termoeléctrica de Huexca, con la que presuntamente se reducirá la tarifa de energía eléctrica, equivale a poner en manos de otros la seguridad de los pobladores de la comunidad, sentencia Ofelia Juárez Piedras, habitante de San Vicente Xiloxochitla, Tlaxcala.

Integrantes de la Asamblea de Pueblos de Morelos, así como los del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra Morelos, Puebla y Tlaxcala, buscan interponer un amparo para echar abajo ese ejercicio participativo propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el sábado 23 y el domingo 24 de febrero.

Esos días, los habitantes de 36 municipios de Morelos, 15 de Puebla y nueve de Tlaxcala deberán manifestar su opinión en torno a ese controvertido proyecto. Sin embargo, no se menciona que la planta forma parte de un complejo que incluye un gasoducto de 160 kilómetros, el cual, pese a la advertencia de especialistas, atraviesa la zona de riesgo de erupción del Popocatépetl, considerado uno de los volcanes activos más peligrosos del mundo.

Recién llegados de Cuautla, Morelos, donde el domingo 10 acudieron a la asamblea informativa sobre el Proyecto Integral Morelos (PIM), Ofelia y otros integrantes del Frente de Pueblos aún reflejan en sus caras la desilusión y el enojo que les provocó oír al presidente López Obrador llamarlos “radicales de izquierda”.

Recuerdan las múltiples visitas que el político tabasqueño hizo a sus comunidades desde 2014 hasta su campaña del año pasado, en la cual les prometió echar abajo ese “proyecto de muerte” si ganaba la Presidencia.

El triunfo del 1 de julio despertó en ellos la esperanza de que el gasoducto, detenido desde 2016, sería definitivamente cancelado.

Antonia Hernández Castillo, de San Damián Texoloc, Tlaxcala, recuerda que en septiembre de 2015 López Obrador, quien era el dirigente nacional de Morena, recorrió la zona para constatar el daño que las obras de colocación de los ductos generaban en las tierras de cultivo de esa región.

En aquella ocasión les ofreció el apoyo legal de Morena para que recurrieran al amparo y detuvieran el proyecto. Por eso ahora la consulta les parece una trampa para validar una obra contra la cual han luchado por más de seis años.

“Hoy le exijo al presidente López Obrador que reaccione y cumpla con su palabra de no mentir y de no traicionar al pueblo”, reclama Hernández Castillo, quien fue promotora del voto para Morena en la campaña presidencial.

Impedimentos

Juan Carlos Flores, integrante del Frente que en 2014 estuvo casi un año en prisión por su activismo contra el gasoducto, sostiene que la consulta propuesta por López Obrador, aunque no se diga, implica un conflicto ético:

“Si llega a pasar una catástrofe, ¿de quién va a ser la culpa? ¿De quien votó ‘sí’ a la termoeléctrica? ¿Esto lo entiende la gente? Porque los que irán a votar seguramente lo harán con el gancho de que les reducirán el costo de la luz.”

Señala que las organizaciones opositoras al PIM emprenderán la lucha legal para anular la consulta porque asumen que este tipo de ejercicios sería la vía para que el gobierno federal valide otros “proyectos de muerte” en el país.

La consulta ciudadana propuesta por el gobierno federal, agrega Flores, antes de aplicarse está entrampada por dos antecedentes.

Legislatuta

En enero pasado un Tribunal Colegiado confirmó en definitiva el amparo que había otorgado en 2017 el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Puebla a cuatro comunidades de origen nahua del municipio de Atlixco.

En la resolución del juicio 402/2015 se ordena a las autoridades realizar una consulta indígena objetiva e informada sobre la construcción del gasoducto entre los habitantes de las comunidades de San Jerónimo Calera, Santa Lucía Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec y San José El Recreo.

De acuerdo con Flores, el cumplimento de esta orden judicial implicaría un proceso que se llevaría al menos medio año y, al ser informada la población, los expertos expondrían los riesgos que conlleva un gasoducto en zona sísmica y de erupción del volcán, por lo que es muy posible que los pobladores la rechacen.

Entonces, la operación del gasoducto legalmente tendría que detenerse aun cuando en la consulta que pretende llevar a cabo el gobierno federal el sábado 23 y el domingo 24 avale la operación de las termoeléctricas.

También refiere que está en proceso de cumplimiento la recomendación 3/2018, emitida el 27 de febrero del año pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que fue aceptada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependencia a cargo del proyecto.

En su recomendación, la CNDH refiere que los 171 kilómetros que abarca el trazo del ducto que va de la comunidad de Magdalena Soltepec, Tlaxcala, a Yecapixtla, Morelos, incluye 89 localidades, entre ellas 37 pueblos originarios y 38 con algún porcentaje de población indígena, que albergan a 254 mil habitantes.

El trazo definitivo de la obra, añade, contraviene el Programa de Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo del Territorio del Volcán Popocatépetl (Poeretvp) y su zona de influencia en Puebla, e igual regulación en Morelos.

DATOS

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el Centro Universitario para la Prevención de Desastres (Cupreder) e investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM advirtieron en sus informes emitidos ante la CNDH, que diversos segmentos del gasoducto inciden en zonas de peligro conforme con el mapa de peligros del volcán Popocatépetl, elaborado en 1995 por el Instituto de Geofísica de la UNAM.

En rueda de prensa, el viernes 8 el director del Cupreder, Aurelio Fernández, expresó que las medidas de seguridad para que el gasoducto entre en operación aún no están resueltas. Advirtió que en trabajo de campo los investigadores de este instituto detectaron que no se respetó el trazo original que establecía el proyecto, que se siguió una trayectoria caprichosa y que es probable que haya tramos fracturados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

La principal preocupación del especialista en torno a la obra es que en el ducto se encontró infraestructura para derivar ramales, lo que implicaría incentivar un desarrollo industrial de la zona y con ello incrementar el número de población en riesgo en caso de una posible explosión del volcán, lo cual puede ocurrir en cualquier momento.

254

MIL habitantes

albergan los pueblos, de los cuales 38 son indígenas.