Por Arturo Rodríguez García

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- En medio del diferendo con las trasnacionales energéticas contratadas para construir y operar siete gasoductos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Poder Judicial dio un revés a esa empresa productiva del Estado en su pretensión de obligar la entrada en operación del Gasoducto Morelos —el octavo conflictuado— y con eso la termoeléctrica en Huexca.

Parte vital del Proyecto Integral Morelos (PIM), el gasoducto mencionado seguirá inoperante y con ello, mantendrá la parálisis de todo el conflictivo megaproyecto que, herencia de pasadas administraciones, desnuda la negligencia en la gestión de Manuel Bartlett como ocurre también con los siete gasoductos que intenta, a fuerza de declaraciones, renegociar.

 EN LA MIRA

Los siete gasoductos de la polémica de esta semana, tienen en común con el Gasoducto Morelos (que atraviesa municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos), la arbitrariedad de origen, la imposición de las obras planeadas sobre comunidades que, siendo sujetas a derechos, no fueron tomadas en cuenta para su invasión y, cuando se atrevieron a protestar, se enfrentaron a un proceso represivo brutal.

El caso del PIM, como el de los siete gasoductos, tiene cierta complejidad, pero en cualquier caso las dificultades que los mantienen fuera de operación son imputables al Estado.

Fue el pasado fin de semana cuando el juez noveno de distrito en Morelos, otorgó la suspensión sobre el Gasoducto Morelos al ejido Amilcingo que, siendo una de las comunidades más activas en la oposición al megaproyecto desde 2012, se volvió emblemática tras el asesinato del dirigente indígena Samir Flores Soberanes, perpetrado el 20 de febrero pasado.

Como muchos asuntos en el arranque de la administración, el PIM se colocó en la agenda presidencial con la información surgida de la CFE de Bartlett, funcionario que ha insistido en justificar toda acción en la idea de “soberanía energética”, expresión ésta que sonaría muy bien, excepto porque el proyecto está concesionado a puras trasnacionales como Abengoa, Bonatti, Elecnor y Enagás.

Con prisa, de manera atropellada, Bartlett y Rocío Nahle,  pusieron las condiciones para que la naciente administración obradorista quedara en entredicho, primero con la declaración del presidente en su arenga contra los opositores el 10 de febrero, cuando los calificó “radicales de izquierda” ergo “conservadores”, provocando que inclusive dentro de su base de apoyo, así como de los izquierdistas que le son cercanos desde los tempranos dosmiles, quedaran en un predicamento.

El momento político empeoró por las consideraciones que apenas días antes le había dispensado a la familia Zapata, descendiente del caudillo, que terminaría distanciándose acusando al mandatario de violar acuerdos, particularmente, en relación con la consulta sin asideros legales que impuso.

Tras el asesinato de Samir el momento político se complicó más con la torpe intervención de Hugo Éric Flores Cervantes, el virrey de Morelos, que terminó por distanciar al movimiento opositor al PIM de la llamada “Cuarta Transformación”.

Quizás la peor parte de todo es que López Obrador y sus colaboradores no tenían responsabilidad política ni legal respecto al PIM, que fue planeado durante la gestión de Alfredo Elías Ayub, e iniciado por Antonio Vivanco, en su respectivo paso por la CFE en tiempos de Felipe Calderón. Por lo tanto, ellos, sus equipos y quienes les sucedieron, tendrían que responder por la falta de deber de cuidado, la negligencia y el daño patrimonial a la hacienda pública derivado de no haber considerado litigios ni conciliaciones necesarias antes de arrancar la obra lo mismo que ocurre con los otros siete gasoductos conflictuados.

Hasta donde se sabe, la Secretaría de la Función Pública no tiene abiertos expedientes, ninguno de los involucrados ha sido expuesto por López Obrador ni sus colaboradores que, en su afán de agilizarlo todo, terminaron asumiendo los costos políticos propiciando lo que simple y llanamente es impunidad para “el antiguo régimen”.

López Obrador fue más cuidadoso el 1 de julio al referirse al asunto cuando prometió no imponer el PIM en su mensaje en el Zócalo capitalino. La declaración expresa en general la idea de respetar los 15 amparos existentes contra la obra, la mayoría obtenidos el sexenio pasado. Se trata pues de una aparente rectificación, dado el rumbo que tomó el asunto, después de ser arrastrado por los gazapos bartlianos.

La dupla Nahle-Bartlett va de mal en peor, en el caso de ella por la impericia, de él por sus formas en desuso frente a nuevas realidades. En ambos, un talante autoritario que para concretar decisiones dejan muchas lesiones al paso.

15

amparos

 existen contra la obra del PIM.