La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que, entre junio el 2012 y julio del 2017, se registraron 5 mil 245 posibles víctimas de trata de personas.

Según el Diagnóstico Sobre la Situación de Trata de Personas 2019, elaborado por la Quinta Visitaduría de la CNDH, las fiscalías y procuradurías del país registraron que el 55% de las víctimas se concentraron en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca.

Además, a excepción de Yucatán y Durango, las autoridades de todos los estados reportaron haber abierto al menos una averiguación previa o carpeta de investigación por el delito de trata de personas.

En total, las fiscalías y procuradurías abrieron 2 mil 701 indagatorias iniciadas o concluidas por este ilícito, sin embargo la CNDH encontró que sólo se han emitido 858 sentencias, de las cuales 296 fueron absolutorias. Ante estas cifras, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, criticó que no existen mecanismos efectivos para prevenir la trata de personas:

“Las acciones de prevención implementadas por la Administración Pública Federal se circunscriben esencialmente a la difusión de información, dejando de lado aspectos indispensables como el combate a las causas estructurales de la trata de personas y la atención a grupos y comunidades especialmente vulnerables”, dijo González Pérez.

El Diagnóstico de la CNDH también detalló que el 70% de los casos de trata de personas se presentó en su modalidad de explotación sexual. Igualmente, el 85% del total de las víctimas fueron mujeres.

Y sobre la nacionalidad de las víctimas, el 84 fueron mexicanas. “Esto demuestra que en México la gran mayoría de los casos se dan dentro de las fronteras. Aún más, de la totalidad de las víctimas mexicanas el 50% fue identificada en la misma entidad de la que es originaria”, aseguró el ombudsman.

Respecto a los presuntos culpables de este delito, la Comisión Nacional encontró que hay 3 mil 344 personas indiciadas e imputadas a nivel nacional por el delito de trata de personas; de éstas, el 69 por ciento son hombres y el resto son mujeres.

Además, en 224 averiguaciones previas y carpetas de investigación se identificó que el delincuente tenía una relación de parentesco con la víctima; en otras 127 indagatorias se encontró la participación de la delincuencia organizada; en 80 más hubo participación de servidoras y servidores públicos, y en otras dos situaciones se ubicó la participación conjunta de personal de servidores públicos y una persona que tenía parentesco con la afectada.

“Hacemos un llamado para poner en funcionamiento una estrategia para la atención especial a las localidades aisladas y zonas urbanas que hayan sido identificadas con mayor posibilidad de que su población sea víctima de los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas”, expresó el presidente de la CNDH.

En la presentación del estudio también participaron el quinto visitador general, Edgar Corzo Sosa; el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); la directora regional de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC); la directora general de la organización Dignificando el Trabajo, Mónica Salazar, y la directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, Alejandra Méndez Serrano.