El 11 de enero de 2019, cuando el gabinete de seguridad defendía la creación de la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión, la madre de la agraviada —a quien se identifica como Claudia— interrumpió la audiencia y se dirigió a Ojeda Durán: “Después de la violación, mi hija ha sufrido mucha violencia de género dentro de las instalaciones de Marina y lo último que le hicieron en diciembre fue cancelarle las terapias psicológicas… ¡Le suplico justicia! ¡Si quiere que lo haga de rodillas, lo haré!”

Con rostro serio, el titular de la Semar tomó el micrófono y le contestó: “Si me permite, señora, yo la recibo y vemos su caso con todo gusto. Y se va a aplicar la ley con toda transparencia y a fondo”.

Los diputados y el mismo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aplaudieron al almirante.

En el olvido

Ojeda Durán conocía el caso de Claudia desde septiembre de 2018 y el 5 de noviembre siguiente, cuando era inspector y contralor general de la Semar, tras recibir el documento D/:2271/SG.DQP.499/2018, determinó que la dependencia “no era competente” para hacer la investigación sobre la conducta delictiva del cabo agresor ni para ordenar medidas cautelares por la seguridad de la víctima; mucho menos para repararle el daño. Incluso catalogó el caso como “asunto concluido”, según la copia del documento consultado por la reportera.

Hoy, expone la víctima, el agresor está libre, pues aunque fue detenido por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) en agosto pasado, sólo estuvo unos días en el reclusorio. El juez Joel de Jesús Garduño ­desestimó las pruebas de acoso y el dictamen médico que probaba la violación ­sexual y lo liberó.

Según Garduño, Claudia es “problemática” y presentó la denuncia sólo por vengarse del cabo al haber difundido éste sus fotos en un chat.

Acoso sistemático

La pesadilla de Claudia inició a principios de mayo de 2018, cuando impartía clases de inglés en el turno vespertino en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), ubicado en Calzada de la Virgen 1800, colonia Exejido de San Pablo ­Tepetlapa, alcaldía Coyoacán.

Las autoridades escolares ordenaron a los profesores crear grupos de WhatsApp para tener comunicación académica con los alumnos. Sin embargo, uno de ellos, de grado tercer maestre e hijo de Melesio Cabrera Vaca, jefe de Departamento de Idiomas del Centro —y cuyo nombre ella pidió reservar por temor a más represalias—, comenzó a enviarle mensajes personales: la invitaba a salir y a tener relaciones sexuales a cambio de ayudarle a ascender formalmente en la institución, pues ella sólo tenía contratos trimestrales por honorarios y no pertenecía a la Semar.

Claudia asegura que rechazó las invitaciones y reportó el caso al vicealmirante Hilario Durán Tiburcio, titular de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Uprodehu) de la Semar. Para atender el caso, y según las normas de la dependencia federal, le fueron asignados dos consejeros: el capitán de navío Alfonso Carrillo Mendoza y la teniente de corbeta Viridiana Volante Facio.

De manera inusualmente rápida y para no dejar crecer el escándalo por acoso y hostigamiento sexual, que según la víctima incluyó agresiones físicas, el maestre fue separado de su grupo y del Cesnav, y Claudia continuó trabajando.

No termina la pesadilla

Sin embargo, a los pocos días otro alumno, un cabo del Servicio de Ingenieros de la Armada escala albañil —cuya identidad está reservada en el juicio a petición de él mismo— incurrió también en acoso contra Claudia dentro y fuera de las instalaciones navales. Ella afirma que le hacía invitaciones directas para tener relaciones sexuales.

De los mensajes, denuncia la profesora, el acosador pasó a las llamadas telefónicas con groserías, amenazas y burlas, aun cuando ella desde el principio lo rechazó.

De acuerdo con una relatoría que Claudia entregó al entonces titular de la Semar, Francisco Soberón, con copia al entonces contralor Ojeda Durán, cuando acudió a sus consejeros para reportar la situación, ellos le dijeron que “no era posible que tan rápido estuviera metida en otro problema”.

Tras la negativa de ayuda de sus consejeros, Claudia acudió al capitán David López Ortiz, subdirector de Posgrados de Ciencias, Humanidades e Idiomas, quien le recomendó exponer su caso en el área jurídica, pues él “no quería una demanda por parte del cabo, quien tenía derechos humanos que no podían ser violentados”.

Claudia refiere que al final López Ortiz le dijo que presentara su denuncia ante un Ministerio Público (MP) porque en Marina “no podían ayudarla”.

La presunta violación

El cabo fue dado de baja del curso de Claudia el 6 de junio con el argumento de que había faltado cinco veces de manera injustificada. No obstante, a ella le entregaron un escrito en el que le indicaron que la expulsión se debió al acoso que denunció.

El cabo fue enviado por un tiempo a Sonora como comisionado, pero regresó.

Claudia narra que el 9 de junio, alrededor de las dos de la madrugada, él se presentó en su casa para “aclarar” lo de la fotografía y los chats. “Entró y me violó; me golpeó y amenazó con matarme si decía algo de la violación”.

De acuerdo siempre con la versión de la profesora, ella huyó en un descuido del agresor, encontró una patrulla y pidió ayuda a los policías, quienes la llevaron junto con él a una agencia del Ministerio Público, donde no había médico legista que revisara las lesiones de Claudia.

El encargado pidió a los policías que llevaran a las dos personas a la Fiscalía de Delitos Sexuales, pero como el presunto agresor les advirtió que era militar y tenía “palancas”, terminaron en un Juzgado Cívico.

Afuera de las instalaciones, frente al presunto violador, los uniformados le recomendaron a Claudia que conciliara.

Claudia cuenta que fue al Centro Médico Naval, en cuyo departamento de Urgencias le diagnosticaron “agresión sexual”, mordidas en los labios, golpes en las piernas y agresión psicológica. Permaneció internada una semana.

Al salir, presentó su denuncia ante la Unidad de Derechos Humanos de la Semar. Ahí le dijeron que como la violación se cometió en la vía pública, no les correspondía atender el caso y le pidieron que interpusiera su denuncia ante el MP. Así lo hizo y la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales abrió la carpeta de investigación CI-FDS-2/UI-FDS-2-02/00395/06-2018 por abuso sexual.

Ante el desinterés de la Semar, días después Claudia inició la queja 2018/5123/Q/Segunda Visitaduría /Directiva 3 en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y otra más en la Fiscalía General de Justicia Militar, con número de expediente CI/FGJM/HOSGENAES-CDMEX/168/2018. También solicitó protección porque dijo que temía por su vida.

Después interpuso otra querella en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), adscrita a la Fiscalía General de la República (carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000 604/2018).