La Ley de Amnistía, impulsada por el gobierno federal y publicada el pasado 20 de abril el Diario Oficial de la Federación (DOF), no resuelve la problemática que se vive en las cárceles del país, por lo que es una medida insuficiente para hacerle frente a la pandemia de coronavirus, coincidieron expertos y responsables del sistema penitenciario.

La realidad es que dicha legislación no sirve para aliviar la concentración de personas en los penales, puesto que hay otras medidas que se pueden tomar, como las contempladas en la Ley Nacional de Ejecución, la cual establece preliberaciones por políticas penitenciarias, detalló el titular de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario de Coahuila, Apolonio Armenta Parga.

Para ello, se arma un plan de ejecución entre la fiscalía correspondiente, la penitenciaría y el Poder Judicial para revisar los expedientes de personas que no hayan cometido delitos graves y eso permite una salida anticipada, indicó en una mesa de diálogo virtual.

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Además, la Ley de Amnistía sería poco útil para este propósito, puesto que los trámites de liberación tardan entre dos y seis meses, por lo que se tendría que recurrir a otras medidas más eficaces, insistió la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera.

De los cinco delitos que prevé esta legislación, podría salir apenas el 7% de los internos y sólo aplica para el ámbito federal y no para el local, subrayó la activista.

En el corto y mediano plazo, planteó, se deberían impulsar acciones de impacto en la salud e higiene de los reos, así como en el personal que labora en el lugar; además, se les debe de dotar del material suficiente para hacerle frente a la pandemia de Covid-19.

También se debería reducir el número de delitos que ameritan prisión preventiva, al igual que desarrollar un proyecto para el sistema penitenciario en todos sus niveles, el cual incluya mejoramiento en las instalaciones, capacitación del personal, un programa de adicciones y reinserción social, así como mejores condiciones de higiene y salud, reiteró.

Cárceles, desarmadas ante el Covid-19

La pandemia de coronavirus expuso las condiciones en que se encuentran los penales, así como la ingobernabilidad que hay en muchas cárceles, puesto que en varias de ellos no se han aplicado las medidas sanitarias correspondientes, afirmó la directora general de Reinserta A.C., Saskia Niño de Rivera.

La reducción o suspensión de visitas a los penales es una de las acciones que no se ha logrado en algunas cárceles, debido al sistema de corrupción que se maneja, del cual depende la economía de varios custodios, quienes ganan en promedio 8,000 pesos al mes, sostuvo en la plática digital.

Aunado a ello, el presupuesto que reciben las cárceles no es suficiente para garantizar la alimentación de los internos, por lo tanto las familias abastecen a los presos de comida para varios días, por ende el gran impacto en cancelar esta actividad, señaló.

“También se sabe que afrontar que suspender una visita conyugal en un penal donde no hay control es lo equivalente a un apocalipsis”.

De todos los insumos de salubridad que han llegado a México del extranjero para enfrentar la pandemia de covid-19, los centros penitenciarios no han recibido artefacto alguno, aunque es una obligación de las autoridades de salud federal velar por el mantenimiento sanitario de las cárceles, reveló Apolio Armenta Praga.

Las severas condiciones en las que se encuentran las prisiones en medio de esta emergencia sanitaria son un riesgo latente para que se desaten riñas y conflictos, puesto que la gran mayoría no cuenta con los servicios médicos para atender a enfermos por coronavirus, remarcó María Elena Morera.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hay hasta el momento 92 casos confirmados de presos con Covid-19, 6 decesos y 11 recuperados del padecimiento, sin embargo, habría que confirmar la veracidad de esta información, advirtió la presidenta de Causa en Común.

Ante esta problemática de salud, se tienen que encontrar nuevos planes de acciones en las prisiones y los gobernadores tienen que prestar más atención a estos lugares, así como tener protocolos para este tipo de emergencias, refirió Eduardo Guerrero Durán, asesor en materia penitenciaria

Para atender esta situación se requiere de un proyecto penitenciario y voluntad política, al igual que una estrategia que esté basada en un diagnóstico, en el cual pueda operar un equipo para cambiar la realidad de estos centros de reclusión, aseguró el especialista