Los nulos avances en las acciones de protección a la vaquita marina y el combate al tráfico ilegal de pez Totoaba, que tienen a México bajo la amenaza de sanciones comerciales por parte de la comunidad internacional, son reflejo del desmantelamiento de instituciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), donde a la fecha se ha despedido al 50 por ciento de su personal.

Debido al plan de austeridad del Gobierno de México, se estima que sólo quedan la mitad de los 605 inspectores que tenía la Profepa, ya de por sí insuficientes para realizar operativos o visitas de revisión en todo el país, con el fin de vigilar y evaluar el cumplimiento de las leyes aplicables en materia forestal, de vida silvestre, uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, áreas naturales protegidas, prevención y control de la contaminación atmosférica, así como suelos contaminados y residuos peligrosos.

En el caso específico del Alto Golfo de California, hábitat de la vaquita marina, el presupuesto para inspección y vigilancia destinado por la Profepa en 2018 fue de cinco millones de pesos directos y 1.5 millones pesos que se manejaban desde oficinas centrales para viáticos y pasajes del personal de apoyo, además de que habían convenios con la Secretaría de Marina (Semar) que facilitaban la operación.

A partir de este año, los recursos se redujeron a 2.4 millones de pesos para Baja California y 1.4 millones de pesos para Sonora, pero para todas las acciones en los estados, incluido el programa de protección del mamífero marino en mayor peligro del mundo.

El recorte se refleja hoy en la presencia de únicamente cuatro inspectores en San Felipe, Baja California, con un sueldo quincenal de aproximadamente cuatro mil 200 pesos, quienes desde principios de año no tienen instalaciones, equipos, uniformes, ni recursos económicos para trabajar.

La oficina improvisada que había de la Profepa en el puerto, que también servía como almacén de redes y pangas aseguradas a pescadores furtivos, fue quemada el pasado 28 de marzo, después de un enfrentamiento de “totobaeros” con elementos de la Semar.

En el incendio también fueron reducidas a cenizas las dos lanchas que usaban los inspectores para realizar sus operativos en el mar, así como una camioneta pick up, destinada a las labores de vigilancia, y todos los archivos de actas administrativas levantadas en los últimos años.

A la fecha, los cuatro inspectores, que viven bajo el asedio de pescadores ilegales, sólo cuentan con dos vehículos, uno de ellos descompuesto, y el otro con poca gasolina para hacer recorridos terrestres.

Desde enero se les cortó el pago de viáticos que utilizaban para comprar víveres o pagar sus alimentos cuando realizaban operativos de varios días en altamar en barcos de la Marina.

Además de que se les dejaron de girar oficios de comisión, que en caso de accidente o la detención de un presunto delincuente ambiental, les brindaba protección institucional.

La prueba de que no existe inspección y vigilancia en Alto Golfo de California, es que en estos nueve meses del año no hay ningún aseguramiento de embarcaciones o puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal por parte de la Profepa.

Blanca Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ofreció recientemente un informe en la reunión de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) en Ginebra, Suiza donde reconoció que de enero a julio de 2019, sólo se han logrado asegurar 163 totoabas sin buche abandonadas en playas o enmalladas en redes, es decir, ya sin la vejiga natatoria que es la parte codiciada del pez bautizado como la “cocaína del mar”, por lo que no representa ningún golpe al tráfico ilegal.

La situación en el Alto Golfo de California se volvió todavía más compleja a partir del 23 de marzo, cuando las cooperativas pesqueras de San Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora regresaron al mar, después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), decidieron cancelar el pago mensual de compensaciones a permisionarios, pescadores y cadena productiva, sin ofrecerles artes de pesca alternativas ni opciones productivas.

Ahora con el inicio de la temporada de camarón a mediados de septiembre, que coincide con la corrida del pez Totoaba, que se acerca a la orilla a desovar, se espera que tanto pescadores legales como ilegales a bordo de aproximadamente dos mil 500 pangas (embarcaciones menores) abarroten las aguas del Alto Golfo de California, con redes donde muere ahogada la vaquita marina, de la que sólo quedan entre seis y 19 ejemplares.

LAS SANCIONES ACECHAN A MÉXICO

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ordenó un embargo pesquero contra México por la muerte incidental de vaquita marina en redes utilizadas para la captura de pez Totoaba.

La medida que se aplica desde agosto de 2018 prohíbe la importación de curvina, camarón, chano y sierra, procedentes del Alto Golfo de California, y existe el riesgo latente de que esta sanción se pueda extender a otras pesquerías y regiones del país.

Además de que hace unos días, el Secretariado de la CITES otorgó un plazo de menos de un año a México para dar resultados contundentes en la preservación de la vaquita marina y el combate al tráfico ilegal de Totoaba, porque en caso contrario suspenderá la exportación de productos o subproductos de especies mexicanas protegidas, como son las aletas de tiburón, trofeos de caza de borrego cimarrón o venta de madera de caoba.