En el municipio de Rioverde, presidentes y vicepresidentes de los Colegios, Barras, Asociaciones y Agrupaciones de Abogados del Estado de San Luis Potosí, signaron el primer acuerdo estatal para solicitar a los plenos del consejo de la judicatura y del poder judicial del estado, se restituya y garantice el derecho humano de acceso a la justicia pronta y expedita, cumpliendo con el debido proceso en favor de los justiciables y todo ciudadano.
Luego de que desde el pasado 18 de marzo no se han aperturado las oficinas judiciales, señalaron que esta excesiva suspensión de actividades vulnera el derecho humano de acceso a la Justicia pronta y expedita que de facto está llevando a cabo el Poder Judicial del Estado; así como, a las violaciones al debido proceso, en perjuicio de la ciudadanía en general.
Al respecto habló Juan José Zavala Pérez de la Academia de Capacitación y Profesionalización de Abogados Potosinos, A.C., refirió que la autoridad acordó que los juicios ya iniciados, y la atención a los justiciables se reanudarían el día 15 de Junio, por lo que exigen se cumpla con sus dichos.
Además fundamentó que el artículo 29 de nuestra máxima carta, prevé que sólo en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías, por lo que con el cese de actividades se están vulnerando las garantías judiciales.
La Asociación de Abogados de San Luis Potosí, A.C., encabezada por Javier Batres Esquivel, Asociación de San Luis Potosí, Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C, de Efraín Torres Salazar, el Colegio de Abogados de San Luis Potosí, A.C., de José Enrique Hernández Narvaez, el Consejo Potosino de Abogados, A.C., de José Ramón Reyna Estrada, la Asociación Autónoma de Abogados, A.C., de María Concepción Hernández de León, la Barra de Abogadas y Profesionistas del Estado de San Luis Potosí, A.C., de Adriana Domínguez Castillo, el Colegio de Profesionistas del Derecho del Altiplno Potosino, A,C., José Armando Orta Ortiz, la Barra de Abogados del Altiplano Potosino, A.C., de Juan Miguel Sagredo, el Colegio de Abogados de la Zona Media, A.C., de Oscar Manuel Díaz Camacho.
La Coordinación de Abogados Unidos Zona Media, A.C., Sergio Amadeo Guerrero López, la Barra de Abogados de Valles y la Región Huasteca, A.C., José Ignacio de la Rosa Martínez, la Coordinadora al Fomento a la Cultura y el Deporte, Abogados de Valles y la Huasteca Potosina, A.C., de Gilberto Sánchez Chirinos, de la Asociación de abogados de Ciudad Valles y la Huasteca Potosina de José Matilde Hernández Méndez, del Colegio de Abogados de Valles, A.C., de María de los Ángeles Moreno, de la Asociación de Abogados de Tamuín, A.C., de Pascual Zúñiga del Ángel, de la Asociación de Abogados Lexius de Valles, A.C., de Luis Eduardo Ahumada Azuara, de la Coordinación de Abogados de la Huasteca Sur, A.C., Dimas Gerardo Pérez García, de la Asociación de Abogados de Tamazunchale, A.C. de Alberto Pinal Hernández, el Instituto de Capacitación Jurídica y Oralidad, A.C., de Sandra de León Camacho, sostuvieron que la justicia es una actividad esencial que no puede suspenderse.
Desde sus distintas trincheras proponen la reapertura de actividades de acuerdo a las medidas de mitigación y prevención sanitarias contra el Covid-19, las cuales disminuyan la velocidad de transmisión o contagio.
“Resulta ilegal la interrupción de los plazos procesales y violatorio del Derecho fundamental a la justicia pronta y expedita, por lo que en reparación de las citadas violaciones, solicitamos a los Plenos del Consejo de la Judicatura y del Poder judicial del Estado, a la brevedad posible, emitir en forma inmediata, un acuerdo por el que se levante la suspensión de los términos procesales y se aperturen los Órganos Jurisdiccionales para la atención de los justiciables”.
También ponen en la mesa, el privilegiar las herramientas tecnológicas al alcance como el de “juicio en línea”, uso de la firma electrónica, para dar seguimiento a los asuntos que hayan radicado, el impulso propio de los mismos, generar enlaces tecnológicos para la consulta de expedientes sin tener que acudir de manera presencial a sala o juzgados, notificaciones electrónicas (previa autorización del justiciable para ese tipo de notificaciones), sin que ello implique que en las diversas zonas del estado.
