Imagen ilustrativa (Foto: BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO)

A la sombra de la guerra contra el narco, la situación judicial de ocho militares de Saltillo, Coahuila caminaba a paso de tortuga en los tribunales.

Era el año 2011. Francisco Javier Soto, Sócrates Humberto López, y otros seis militares más, perdieron la guerra contra el Ejército mexicano. En uno de los juicios más inverosímiles, como lo describe el periodista Pablo Ferri de El País, la justicia castrense acusó a los elementos de tropa de haber colaborado con Los Zetas, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012).

Aunque en un principio, los militares habían defendido la idea que todo era una farsa, les torturaron y les amenazaron con sus familias para que se incriminaran de un delito que nunca existió.

Las autoridades armaron los casos con base a las declaraciones de dos testigos, uno de los cuales se desdijo. Soto y los demás militares fueron señalados de recibir dinero a cambio de protección a los Zetas, por aquel entonces brazo armado del cártel del Golfo.

Miembros del cártel mexicano Los Zetas

Los testimonios del “Gerry” y el “Guacho”, dos presuntos líderes del cártel de la última letra, formaban parte de una lista con nombre, fechas y cantidades de los militares coludidos con la mafia.

El “Gerry”, el primero en tirar la piedra, aseguró que Soto era uno de los enlaces con Los Zetas en Coahuila. Pero luego, antes el juez que instruyó el caso, lo negó y aseguró que agentes de la SEIDO le obligaron a incriminarlo a él y otra decena de persona desde el funcionario Humberto Moreira y altos mandos de la Secretaría de la Defensa.

De acuerdo con Ferri, quien atrajo el caso a los medios de comunicación, el coronel Ricardo García Aguilar fue el primer testigo que compareció ante el consejo de guerra, tras las declaraciones de inocencia de los nueve acusados. García era el comandante del batallón de Saltillo, que detuvo y torturó a los implicados.

A García Aguilar, el presidente del consejo le preguntó “qué había tenido que ver con lo sucedido”. El coronel contó que no recordaba bien qué día fue, pero que llegaron “personal judicial”, policías judiciales federales militares, con una orden de aprehensión. “Así estuvimos dos, tres días. Luego vino un mayor para llevárselos a México”.

Sin embargo, los militares aseguraron que el coronel vio como los judiciales les daban los primeros golpes, en su despacho. El abogado de Soto y Sócrates, cuestionó al coronel, quien respondió la mayoría de las veces que no sabía. Luego el fiscal le cuestionó por si habían subido los decomisos de drogas y armas tras la detención de sus hombres. “Sí”, dijo, “mucho, como un 300%”