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La Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de San Luis Potosí, desechó esta mañana la aprobación del Catálogo de Delitos con Prisión Preventiva Oficiosa, por considerar que se trata de una legislación que vulnera la independencia judicial, y corrompe los fundamentos del sistema de justicia penal acusatoria.
Esto es lo que dio a conocer Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia, quien refirió que sólo el Estado de Chihuahua ha votado en contra de esta reforma que promovió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la intención de dar prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio, incluyendo los temas como abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, entre otros.
El legislador del blanquiazul, soslayó que esta figura es violatoria de los tratados internacionales sobre todo de Derechos Humanos, de los cuales el Estado Mexicano es parte como el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por lo que considera se trata de una salida falsa que trastoca cualquier fundamento del sistema de Justicia Penal de nuestro país.
“Tienen que ver con la prisión preventiva, existen capítulos que nos preocupan, estamos dando nuestra postura y se votó en contra el artículo 20 constitucional porque no estamos a favor de la prisión preventiva oficiosa; todos los rubros son importantes, incluyendo el uso que también le pudieran dar en el tema político electoral”.
Aplaudió la postura que tomaron los diputados locales de San Luis Potosí porque en esta iniciativa presidencial se intentaba afectar gravemente el tema político electoral “nos preocupa mucho el tema de que exista la prisión preventiva con el tema de uso de programas sociales como delito electoral, porque puede ser usada políticamente en contra de los adversarios políticos que hay en este año y de cara a los comicios electorales del 2021”.
