Esteban Espinoza / Rioverde SLP
El pasado lunes 9 de diciembre, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó un conjunto de nuevos impuestos propuestos por el gobierno estatal de San Luis Potosí, argumentando que estas medidas buscan incrementar los ingresos propios del estado y reducir la dependencia de las participaciones federales. Sin embargo, estas decisiones han generado inquietud entre los ciudadanos, quienes consideran que representan un duro golpe a su economía en un contexto de inflación y dificultades financieras para muchas familias.
Entre los nuevos impuesto se encuentra el de sobre la Venta de Bebidas Alcohólicas, que se ha establecido una tasa inicial del 3% sobre la venta final de bebidas alcohólicas, con la expectativa de recaudar más de 50 millones de pesos anuales. Según el dictamen, estos fondos se destinarían a programas de prevención de adicciones e infraestructura social.
Desde un enfoque fiscal, se argumenta que este impuesto refuerza la autonomía financiera del estado. Desde una perspectiva de salud pública, se mencionó que financiaría campañas de concienciación para reducir el consumo de alcohol, los accidentes de tránsito y la violencia intrafamiliar. Sin embargo, críticos señalan que este gravamen podría aumentar los costos para los consumidores sin resolver estructuralmente los problemas sociales relacionados con el abuso de alcohol.
El segundo impuesto es sobre la Enajenación de Bienes; Este gravamen del 3% sobre transacciones inmobiliarias busca recaudar más de 150 millones de pesos anuales, dirigidos a programas de desarrollo social. El dictamen argumenta que este impuesto gravará principalmente a personas con alta capacidad económica, excluyendo transacciones menores y a adultos mayores que enajenen su única propiedad.
Aunque se alega que fomentará la formalización del mercado inmobiliario, detractores advierten que podría encarecer las operaciones inmobiliarias, afectando indirectamente a compradores y vendedores con ingresos medios y bajos.
Otro incremento más es el impuesto al Hospedaje; la tasa del impuesto sobre servicios de hospedaje aumentará del 3% al 4%, con una recaudación estimada en más de 15 millones de pesos adicionales. Según el gobierno, los recursos se reinvertirán en infraestructura y promoción turística, con el objetivo de mejorar la calidad del sector.
Si bien el gravamen no afecta directamente a los sectores más vulnerables, propietarios y operadores de servicios turísticos expresaron su preocupación por la posible pérdida de competitividad frente a otros destinos; además que en los últimos tres años el sector ha sido prácticamente abandonado, sin subsidios y sin inversiones que fortalezcan el sector.
Aunque el gobierno argumenta que estas medidas promueven la equidad fiscal y el desarrollo social, los ciudadanos ven en los nuevos impuestos una carga adicional para sus bolsillos. Líderes comunitarios han señalado que estos gravámenes afectan especialmente a la clase media, ya golpeada por el aumento de precios en bienes y servicios esenciales.
Por su parte, analistas económicos advierten que, aunque la diversificación de ingresos es positiva, imponer nuevos impuestos en un contexto de incertidumbre económica puede desacelerar el consumo y afectar la inversión en sectores clave, como el turismo.
