Esteban Espinoza / San Luis Potosí
Las y los diputados integrantes de las comisiones de Segunda de Justicia, y de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado aprobaron con modificaciones el dictamen de una iniciativa ciudadana que reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el objetivo de ampliar los derechos de este sector de la población, informó la diputada Jesica Gabriela López Torres.
En cuanto a la propuesta ciudadana relacionada con el Código Penal del Estado, la diputada destacó que se planteaba que el Sistema DIF fuera el responsable de administrar el Padrón de Personas Deudoras Alimentarias. Sin embargo, debido a que la reforma federal ya establece que este debe corresponder al Supremo Tribunal de Justicia, la reforma mantuvo la armonización con la normativa federal.
Respecto a la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la diputada explicó que se amplió el catálogo de derechos alimentarios para incluir la alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médico-hospitalaria, así como los gastos derivados del embarazo y parto. También se contemplaron los gastos relacionados con la educación y formación de los menores para que puedan desarrollar una profesión o arte adecuado a sus circunstancias personales.
La iniciativa también amplió los derechos para los menores con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, garantizando lo necesario para su habilitación, rehabilitación y desarrollo integral.
En relación con el Padrón de Deudores Alimentarios, López Torres reiteró que esta función seguirá siendo responsabilidad del Supremo Tribunal de Justicia, tras la reciente aprobación de la reforma que establece que será el presidente de dicho tribunal quien administra el padrón. La diputada adelantada que se están llevando a cabo mesas de trabajo para crear una nueva ley orgánica para el Poder Judicial, que clarifique cómo se gestionará este registro.
Por otro lado, en una reunión posterior de la Comisión Segunda de Justicia, se declaró improcedente una iniciativa ciudadana que proponía eliminar el certificado médico como requisito para contraer matrimonio. La persona promovente argumentó que dicho requisito era discriminatorio, sin embargo, la comisión comprometida que no se trata de una barrera para el matrimonio, sino de una medida para garantizar que las partes involucradas conozcan el estado de salud de su futuro cónyuge y puedan tomar decisiones informadas.
“La crisis en salud reproductiva que atravesamos actualmente hace que los certificados médicos sean necesarios para conocer la situación de salud de la otra parte, por lo que fue improcedente eliminar este requisito”, explicó López Torres.
