La Fiscalía Anticorrupción de Sonora aseguró 19 lujosas propiedades al exgobernador panista Guillermo Padrés Elías y a sus dos principales operadores financieros, incluyendo el suntuoso rancho Pozo Nuevo, de Padrés, y varias mansiones ubicadas en las principales ciudades del Estado.

Fue el pasado jueves cuando peritos de la Fiscalía y agentes del Ministerio Público, con el apoyo de elementos de distintas corporaciones policiacas, ejecutaron la orden girada por un juez en atención a las averiguaciones previas FEIHC-I-055/2015, FAS-II-AP 0062/2015 y FAS-IIII-AP-0076/2015, en las cuales se investigan varios delitos, como enriquecimiento ilícito cometido durante el sexenio 2009-2015.

Documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad en poder de Excélsior, confirman que la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción ejecutó el aseguramiento precautorio de bienes inmuebles; se trata de 19 propiedades ubicadas en los municipios de Arizpe, Cananea, Cajeme y Hermosillo, de las cuales tres están a nombre de Guillermo Padrés; mientras que el resto pertenece al exsecretario de Hacienda Carlos Villalobos Organista, y a David Manuel Tinajero, exdirector de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (Impulsor).

Los embargos fechados el 14 de julio de 2016, incluyen dos enormes ranchos con la razón social Pozo Nuevo de Padrés, así como la residencia familiar del exgobernador, ubicada en la privada Valle Bonito; mientras que a David Tinajero le aseguraron dos mansiones en el fraccionamiento más exclusivo de Hermosillo, llamado La Joya; y al extesorero le decomisaron dos mansiones en Los Altos Residencial, un lujoso condominio en la Torre Solara y cuarto propiedades más en Ciudad Obregón.

Entre los tres sospechosos acusados por distintos actos de corrupción suman 19 lujosas propiedades aseguradas y valuadas en varios millones de pesos.

El rancho Pozo Nuevo, propiedad de Padrés, saltó a la fama cuando las autoridades federales descubrieron que el exmandatario panista y su familia habían construido una enorme presa hídrica en la que, de manera ilegal, acaparaban el agua de un afluente del río Sonora, dejando sin agua a decenas de familias que habitan la ribera; tras el escándalo y para entorpecer las investigaciones, Padrés mandó derribar la enorme cortina de la presa.

Este rancho también cuenta con una orden de embargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por adeudos fiscales superiores a un millón 500 mil pesos.

Actualmente, el exgobernador de Sonora es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de enriquecimiento ilícito; además de que la Procuraduría General de la República (PGR) integra averiguaciones previas por ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de la justicia.

A diez meses de que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano creó la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, la dependencia ha iniciado más de 265 averiguaciones previas en contra del sexenio de Guillermo Padrés; se ha citado a comparecer a 542 exfuncionarios, han practicado tres mil 722 diligencias, hay 15 personas consignadas, 15 órdenes de aprehensión y seis pendientes de ejecutarse.

A la fecha, esta agencia investigadora ha logrado siete autos de formal prisión y tres sospechosos han sido consignados, entre los que destacan los exsecretarios de Comunicación Social, Jorge Morales, y el de Gobierno, Roberto Romero López, quien permanece prófugo de la justicia.

Los principales delitos por lo que se investiga a los exfuncionarios de Sonora son peculado, incumplimiento de un deber legal, ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito y operación con recursos de procedencia ilícita; hay 74 juicios de amparo interpuestos, de los cuales 24 fueron solicitados por funcionarios de primer nivel, como exsecretarios de Estado y exdirectores de área.

Exigen pronta resolución

Senadores del PRI promueven que se solicite un informe pormenorizado de las observaciones pendientes de solventar, por parte del gobierno de Sonora.