Esteban Espinoza / San Luis Potosí
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 423 millones de pesos en la revisión de la Cuenta Pública 2023 de 19 municipios de San Luis Potosí, de acuerdo con el informe publicado en el Sistema Público de Consulta de Auditorías, Rioverde es el segundo municipio que detecta mayores irregularidades.
El Ayuntamiento de San Luis Potosí encabeza la lista con 125 millones 57 mil 400 pesos en observaciones, seguido por Rioverde con 85 mdp, Axtla con 61.4 mdp, Ciudad Valles con 58.1 mdp y Ciudad del Maíz con 52.6 mdp. En contraste, los municipios de Xilitla, Tancanhuitz y Soledad de Graciano Sánchez no registraron observaciones.
De las 160 irregularidades detectadas, 63 fueron solventadas, mientras que 97 permanecen con observaciones y acciones por aclarar. En el caso del ayuntamiento de la capital, que encabeza Enrique Galindo Ceballos, se identificaron 43 presuntos daños a las arcas municipales, de los cuales 25 no pudieron ser solventados.
La ASF señaló que el municipio de la capital no ejerció de manera eficiente ni transparente los recursos del gasto federalizado asignados, ya que no se ajustó a la normatividad en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública. En total, se fiscalizaron 452 millones 995 mil 700 pesos, correspondientes a 12 contratos de obra pública, dos contratos de adquisiciones y servicios, pagos de nómina y erogaciones sin contrato.
El informe advierte que existe riesgo de que los recursos del gasto federalizado y participaciones no se ejerzan conforme al marco legal aplicable. Además, se generaron 50 resultados, que incluyen cuatro recomendaciones, dos promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, cinco Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 16 Pliegos de Observaciones.
A pesar de que la actual administración ha implementado estrategias de control, la ASF considera que estas no garantizan la eficacia en la gestión de los recursos públicos ni el cumplimiento de la normatividad.
Este informe abre la puerta a posibles sanciones y responsabilidades administrativas para las autoridades municipales involucradas.
