En cuatro años, Peña Nieto ha realizado al menos 50 cambios de directores de dependencias gubernamentales y ninguno se fue con las manos vacías
El caso más notable es el de Emilio Lozoya Austin, quien fungió como director de Pemex desde el inicio de la administración hasta el pasado febrero.
CIUDAD DE MÉXICO.- Los colaboradores de Enrique Peña Nieto gozan de privilegios laborales a los cuales casi nadie en el país puede aspirar: Ganan en un día más o menos lo que un trabajador mexicano promedio gana al mes; aunque la Constitución lo prohíbe (en la fracción II del Artículo 127), algunos perciben más que el mandatario federal y cuando renuncian o son despedidos tienen programas de “ahorro” o liquidaciones muy ventajosas.
En cuatro años, Peña Nieto ha realizado al menos 50 cambios de directores de dependencias gubernamentales. Tres de sus colaboradores salieron en medio de escándalos de corrupción, otros fueron desplazados, unos más contendieron por cargos de elección popular o terminaron acomodados en otro puesto. En cualquier caso, ninguno se fue con las manos vacías.
Proceso realizó 52 solicitudes de información. Por las respuestas que recibió fue posible saber que 13 servidores públicos obtuvieron abultadas liquidaciones; entre ellos, algunos de los hombres más destacados del peñanietismo.
Por cuantía, el caso más notable es el de Emilio Lozoya Austin, quien fungió como director de Pemex desde el inicio de la administración hasta el pasado febrero. De acuerdo con la respuesta otorgada por la paraestatal, a la que se le pidió precisar el motivo de separación del cargo, aquel fue despedido y se le concedió una liquidación de 1 millón 801 mil pesos.
Para sustituir a Lozoya, Peña Nieto nombró a José Antonio González Anaya —concuño de Carlos Salinas de Gortari—, quien antes había sido director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puesto al que renunció y por el cual fue liquidado con 831 mil pesos.
El sector energético suele recompensar con generosidad a sus altos funcionarios. El pasado 25 de septiembre, la edición 2082 de este semanario publicó que el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, cobró una liquidación de 1.2 millones de pesos cuando renunció a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esta información se obtuvo por una filtración a la Plataforma MexicoLeaks, y por sus características se consideró que el beneficio pudo ser ilegal, pero la Secretaría de la Función Pública no anunció ninguna investigación del caso y el líder del PRI sólo se quejó de una campaña negra en su contra.
Ochoa no es el único beneficiario de una gran liquidación en la CFE, pues su antecesor, Francisco José Rojas Gutiérrez –priísta de larga trayectoria que ocupó el cargo durante el primer año del gobierno de Peña Nieto–, se llevó 878 mil pesos libres de impuestos, la tercera liquidación más alta de las documentadas.
Ese tipo de liquidaciones no son aplicables en las dependencias de la administración pública, cuyo régimen está establecido en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución.
De acuerdo con Manuel Fuentes Muñiz, doctor en derecho especializado en materia laboral, esa práctica ocurre en organismos descentralizados, autónomos o empresas estatales que se rigen por el Apartado A del Artículo 123, es decir, el que regula el trabajo en el sector privado. Además, explica, son entidades que operan con reglas internas en las que se acuerdan ese tipo de beneficios en sus consejos de administración.
“Es un tema propiamente de autoliquidaciones porque son autorizadas por su personal”, dice Fuentes Muñiz, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, refiriéndose a que los liquidados, hasta antes de serlo, presidían los consejos de administración.
MILLONES DE PESOS DEL ERARIO PARA ELLOS
Francisco Rojas y Emilio Lozoya quedaron fuera del gobierno, pero hay otros miembros de la élite peñanietista que, como González Anaya y Ochoa Reza, ascendieron en la estructura de poder o consiguieron cargos de elección popular.
Con base en datos obtenidos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que obtuvo Proceso gracias a las mencionadas solicitudes, pudo conocerse la siguiente información:
Enrique de la Madrid Cordero –hijo del ex presidente Miguel de la Madrid– dejó el Banco Mexicano de Comercio Exterior, del que fue director general de diciembre de 2012 a agosto de 2015, cuando fue designado secretario de Turismo. Se le liquidó con 468 mil pesos.
Alfredo del Mazo Maza inició el sexenio como director del Banco Nacional de Obras y Servicios y renunció en junio de 2015. Se le liquidó con 451 mil pesos netos. Ahora es diputado federal y preside la Comisión de Presupuesto, donde se autorizan las prestaciones de los servidores públicos.
Carlos Alberto Treviño Medina, director de Financiera Rural durante los primeros 14 meses del sexenio, institución bancaria dedicada a financiar al campesinado, fue liquidado con 590 mil pesos. Hoy es director corporativo de Administración y Negocios en Pemex.
Estos casos son distintos a los de las empresas del sector energético, pues desde la Constitución se establece –fracción 13 bis del Apartado B del Artículo 123– que deben someterse al mismo régimen de la burocracia federal, por lo que no deberían tener esos beneficios.
Hay otros ex funcionarios que, por el tiempo que estuvieron en el cargo, no podían cobrar liquidaciones como las que obtuvieron del gobierno, o al menos a ningún mexicano común se le entregarían.
Alejandro Canek Vázquez Góngora –ex colaborador de Manlio Fabio Beltrones y ex dirigente juvenil del PRI– fue designado el 7 de diciembre de 2012 titular del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot). El 28 de febrero de 2013 renunció. La institución lo liquidó con 562 mil pesos libres de impuestos, a pesar de haber trabajado menos de tres meses. La ley dispone que la liquidación debe ser de tres meses por año trabajado.
No es el único. María de los Ángeles Errisuriz Alarcón fue directora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos durante cinco meses en 2013. El organismo la liquidó con 446 mil pesos. Para sustituirla se designó a Alfredo Llorente Martínez, quien al cabo de 17 meses consiguió una liquidación de 717 mil pesos.
Los otros beneficiarios que iniciaron su cargo con la administración de Peña Nieto son Jesús Mena Campos, en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a quien se liquidó con 853 mil pesos en abril de 2015, y la actual diputada María Esther Scherman Leaño, liquidada con 717 mil pesos en enero de 2015 al dejar la dirección de la Lotería Nacional.
Y finalmente está el caso de Manuel Ángel Núñez Soto, ex director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, quien dio inicio a las obras del nuevo aeropuerto capitalino. Duró nueve meses en el cargo; lo suficiente para que lo liquidaran con 566 mil pesos.
Para Manuel Fuentes otro rasgo –inusual de esas liquidaciones es el tiempo en que se otorgan, pues los trabajadores al servicio del Estado pueden pasar meses reclamando pagos muy inferiores, o inclusive tardan hasta 20 años en litigios laborales, mientras que en estos casos los pagos se firman de inmediato, el día de la renuncia. Mucho menos se reconoce que la antigüedad es menor a un año.
Escrito por APRO
