El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros denunció que, pese a los riesgos que enfrentan durante las jornadas y a los recientes hallazgos de restos humanos, el Gobierno del Estado todavía no presenta el plan de seguridad que prometió.
Esteban Espinoza / San Luis Potosí, S.L.P.
Mientras las familias buscadoras continúan recorriendo brechas, caminos y terrenos con la esperanza de encontrar a sus seres queridos, el respaldo institucional sigue sin llegar.
Integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros denunciaron que el Gobierno del Estado mantiene pendiente la presentación de un plan de seguridad para proteger a quienes participan en las jornadas de búsqueda, a pesar de que las madres y familiares se exponen constantemente a zonas de alto riesgo.
La exigencia cobra mayor relevancia después de una reciente jornada en la que fueron localizados numerosos fragmentos óseos, mismos que ya fueron entregados a las autoridades para su análisis pericial y posible identificación.
Cada resto recuperado puede representar una respuesta para una familia que lleva meses o años esperando noticias. Sin embargo, quienes realizan estas labores aseguran que siguen trabajando entre carencias, incertidumbre y falta de garantías.
El colectivo señaló que, antes de iniciar la búsqueda, fue necesario solicitar de manera insistente el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, con el objetivo de evitar que las participantes quedaran expuestas.
Para las buscadoras, la protección no debería depender de reclamos de última hora, sino formar parte de un protocolo permanente y coordinado.
La falta de un plan formal deja a las familias en una situación de vulnerabilidad, pues muchas de las zonas que recorren presentan condiciones geográficas complicadas y posibles riesgos relacionados con la delincuencia.
Durante la jornada fueron recuperados restos humanos reducidos a fragmentos pequeños, una escena que las integrantes describieron como profundamente dolorosa.
Aun así, insistieron en que cada hallazgo debe ser tratado con seriedad, sensibilidad y rapidez, porque puede abrir la posibilidad de devolverle un nombre a una persona desaparecida y ofrecer certeza a sus familiares.
Las madres buscadoras no realizan esta labor por elección, sino ante la necesidad de encontrar respuestas que las instituciones no han podido ofrecerles.
Además de la falta de seguridad, el colectivo denunció las precarias condiciones en las que opera la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
De acuerdo con las buscadoras, hay vehículos sin combustible, unidades descompuestas y automotores que llevan alrededor de un año sin recibir mantenimiento. Esta situación obliga a que parte de los recorridos se realicen a pie, incluso en terrenos extensos y de difícil acceso.
También señalaron que un vehículo tipo racer y una cuatrimoto permanecen sin utilizar en las instalaciones de la dependencia, pese a que podrían facilitar las tareas en zonas donde las unidades convencionales no pueden ingresar.
La falta de recursos no es un problema administrativo menor. Cada herramienta detenida, cada vehículo sin funcionar y cada jornada sin protección pueden retrasar una búsqueda y reducir las posibilidades de encontrar indicios.
Voz y Dignidad por los Nuestros cuestionó que las autoridades mantengan otras prioridades mientras las familias continúan buscando prácticamente con sus propios medios.
El Gobierno del Estado no puede limitarse a reconocer el trabajo de las madres buscadoras en discursos o actos públicos. Tiene la obligación de proporcionar seguridad, vehículos, combustible, personal especializado y condiciones dignas para desarrollar las jornadas.
Quienes buscan a sus familiares ya cargan con el dolor de una desaparición. No deberían cargar también con la indiferencia, la falta de recursos y el riesgo de perder la vida durante una labor que corresponde al Estado.