Con el objetivo de reforzar la protección de los derechos de las infancias en el Estado de San Luis Potosí, la Diputada Lidia Nallely Vargas Hernández presentó una iniciativa que busca modificar el Código Familiar del Estado para garantizar que los derechos de los menores a recibir alimentos sean plenamente respetados y cumplidos.
Vargas Hernández expuso que algunos deudores alimentarios se colocan en situaciones de insolvencia de manera intencionada o renuncian a sus empleos para evitar el descuento de pensiones. Adicionalmente, se ha identificado que algunos patrones colaboran en estas evasiones, simulando situaciones laborales para proteger a los deudores.
La propuesta de modificación establece medidas concretas para abordar estos problemas. Entre las principales medidas se incluyen:
Aviso al Juez: Cuando un deudor de alimentos termine su relación laboral, deberá notificar al Juez sobre la conclusión de su empleo y proporcionar información sobre su nueva fuente de ingresos. En caso de que un patrón haya implementado descuentos a la pensión, también estará obligado a informar a la autoridad correspondiente si el deudor cambia de empleo.
Obligación de Información: En caso de que un deudor deje de recibir ingresos sujetos a descuento por pensión, deberá informar a la autoridad competente sobre esta situación, incluyendo su nueva fuente de ingresos y cualquier información relevante para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria. La falta de cumplimiento puede resultar en la aplicación de medidas de apremio por parte del Juez.
Responsabilidad de los Patrones: Los patrones, gerentes generales o representantes legales deberán informar al acreedor alimentario y al Juez sobre las causas de la terminación de la relación laboral del deudor en un plazo de cinco días hábiles. La omisión de este aviso conlleva la responsabilidad solidaria por el pago de las pensiones que se dejen de proporcionar.
“Es necesario que se tomen medidas efectivas para asegurar que todos los menores reciban el sustento que les corresponde. Nuestra propuesta busca cerrar los vacíos legales que permiten estas injusticias y garantizar que se respete el derecho a la alimentación de las infancias.”
Finalmente la Diputada Lidia Nallely Vargas Hernández subrayó la urgencia de estas reformas, destacando que las prácticas fraudulentas y la complicidad de algunos patrones resultan en la vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa se encuentra en revisión y estudio en la comisión de Justicia para posteriormente ser enviada al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y en su caso, ser votada.
