Resultados del Índice de Paz México 2017 presentados por Patricia de Obeso
Coordinadora del centro de investigación Instituto de Economía y Paz en México, Patricia de Obeso.
CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- En México, cada ciudadano paga aproximadamente 25 mil pesos de “impuesto a la seguridad”, cuya cuantía supera la de un mes de ingresos del trabajador promedio, especialmente en estados como Colima, donde el costo de la violencia per cápita es de 66 mil 500 pesos, o Guerrero, donde es de 53 mil 600 pesos.
Así lo afirmó la coordinadora del Centro de Investigación del Instituto de Economía y Paz en México, Patricia de Obeso, al presentar los resultados del Índice de Paz México 2017.
De acuerdo con ese índice, la violencia le costó a México el equivalente a 18% de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, un año en que el aumento de los homicidios contribuyó en gran medida al retroceso en los niveles de paz del país.
Con esos datos hay que considerar “si la inversión que hemos hecho en los últimos diez años en el combate directo al narcotráfico, en la contención de la violencia, realmente ha tenido un impacto” o si más bien hay que preguntarse “en qué deberíamos estar invirtiendo para mejorar los niveles de paz”, planteó De Obeso en conferencia de prensa.
CAEN NIVELES DE PAZ EN 2016
De acuerdo con el Instituto, los niveles de paz cayeron en 2016 un 4.3%, cuando en los dos años pasados se había visto “un estancamiento”, sin avance ni retroceso.
En este descenso tuvo especial importancia el incremento en la tasa de homicidios en 18% –16.7 por cada 100 mil habitantes–, lo que básicamente “arrastra los niveles de paz de México hacia abajo”, apuntó la coordinadora.
Aun así, añadió, los niveles de paz mejoraron casi un 14% en comparación con 2011, cuando el Instituto ubicó el “punto álgido de la violencia2 en la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida a finales de 2006 por el entonces expresidente Felipe Calderón.
HAY MUCHO POR HACER
De Obeso indicó que “aún hay mucho que hacer” para que los ciudadanos vean la justicia como una institución en la que pueden confiar y para mejorar el trabajo de los policías locales, en momentos en que el Legislativo debate una polémica Ley de Seguridad Interior que busca regular la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
