Aseguró el exmandatario que no hay petición formal de las autoridades.
La audiencia entró en receso para que el enjuiciado discutiera con sus abogados su decisión.
Al reinicio del procedimiento judicial, el juez Adan García le preguntó a Duarte si aceptaba o no la extradición inmediata, a lo que respondió que se reservaba el derecho.
“No puedo allanarme. Me reservo derecho hasta que llegue la solicitud formal del Gobierno mexicano”, respondió Duarte.
De haber aceptado su retorno al país el exgobernador podría haber vuelto en menos de dos semanas, pero ahora no existe un plazo específico para que sea retornado, de acuerdo con las autoridades guatemaltecas.
“Vamos a esperar que México haga el requerimiento, cuando haga se tomará la decisión de qué hacer. No se sabe aún cuanto tiempo podría llevarse la extradición, es incierto”, dijo el abogado defensor de Duarte, Óscar Pazán Rodas.
En tanto la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, señaló que si se hacen uso de todos los recursos jurídicos existentes, apelaciones y amparos, el proceso puede llevar más de un año.
La audiencia del exgobernador Duarte inició el miércoles en el Tribunal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
Fue informado de los motivos de su detención, consumada el sábado pasado en Panajachel, a petición de las autoridades de México, con fines de extradición.
En los primeros cuestionamientos que respondió al juez, el expriista confirmó su nombre, su edad, la identidad de sus padres y dijo que desde hace seis meses reside en Guatemala, pero afirmó no contar con domicilio en ese país.
Al detenido también se le dijo que las autoridades guatemaltecas no lo procesarán por los ilícitos que se le imputan en México.
Al concluir la audiencia, a Duarte se le notificó que continuará en prisión preventiva en espera de que México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comience el trámite para solicitar su extradición en un plazo no mayor a 60 días.
Alistan desafuero de Abdalá
El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, indicó que la próxima semana se discutirá el caso de la petición de desafuero del diputado del PRI Antonio Tarek Abdalá.
Destacó que el jueves 27 convocará a los integrantes de la Sección Instructora, compuesta por dos integrantes del PRI, uno del PAN y otro del PRD, para abordar el caso, luego de que concluya el periodo de presentación y valoración de pruebas.
De avalarse la procedencia del desa-fuero, el pleno de la Cámara podría discutir el tema antes del fin de sesiones el 30 de abril, reconoció.
Abdalá es acusado por la Fiscalía General de Veracruz de haber desviado 23 mil millones de pesos en su gestión de tesorero del Gobierno de Javier Duarte.
Sin adelantar el sentido del dictamen que presentará, el también legislador del PRI mencionó que puede haber un empate sobre el caso en el seno de la Sección Instructora.
Los legisladores afirmaron que el 28 de abril vence el periodo de 60 días hábiles para resolver sobre el caso, por lo que están en tiempo.
Piden cuentas a SRE y PGR
Diputados del PAN y PRD pidieron la comparecencia del canciller Luis Videgaray y del procurador Raúl Cervantes, para que expliquen el procedimiento de captura del exmandatario veracruzano Javier Duarte.
Marko Cortés, coordinador parlamentario del PAN en la Cámara baja, calificó como necesario que los funcionarios comparezcan debido a que existen dudas sobre la detención e instó en la solicitud de deportación.
“Ya existen cuatro versiones de qué fue lo que ocurrió, ahora resulta que no se ponen de acuerdo en dónde lo detuvieron, de la forma que lo detuvieron, y esto viene a abonar a la teoría de que sí hay un acuerdo, sí hay algo raro en esta detención”, consideró.
En tanto, el diputado Francisco Martínez Neri, líder del PRD en San Lázaro, informó que la visita de Videgaray a la Cámara de Diputados es un hecho, pues ya fue citado.
Sigue apoyo al PRI
Para los diputados priistas, no es suficiente para denostar al partido el que hayan pasado por sus filas personalidades como los exgobernadores Javier Duarte, de Veracruz y Tomás Yarrington, de Tamaulipas, acusados de actos ilícitos.
Los militantes del partido tricolor aseguran que el PRI salva su honor con acciones emprendidas por el Ejecutivo federal como buscar sanciones para los señalados.
Luis Alejandro Guevara Cobos, diputado priista por Tamaulipas, sostuvo que su partido tiene la cara perfecta y aseveró que la llamada nueva corriente priista no debe ser tachada por la acción de algunos actores, al referir que ha habido expulsiones del PRI y sus militantes han buscado justicia y castigo a la
corrupción.
“Creo que el Presidente de la República ha sido muy claro en decir que el que la hizo la paga. Que quede muy claro que en el PRI habemos gente limpia, honesta y siempre vamos a estar en contra de estos sucesos”, afirmó.
Cae en España contador de Javier
La Interpol y la Policía del Ministerio del Interior de España detuvieron el miércoles en Barcelona a Javier Nava Soria, el contador que utilizó Javier Duarte para operar la red de empresas fachada usada para desviar y lavar más de 439 millones de pesos del erario de Veracruz.
Nava fue detenido con base en la ficha roja librada por la Interpol y con fines de extradición a México, fundado en la orden de aprehensión librada por un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Reclusorio Norte por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
La PGR informó que de acuerdo con el Tratado de Extradición entre México y España, el Gobierno mexicano tiene un plazo de 45 días para formalizar la solicitud de extradición.
Agregó que en el momento en que un juez español considere procedente la extradición de Nava, turnará el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se realizará el trámite para su entrega a las autoridades mexicanas.
Nava, era parte del Consorcio Brades, una compañía fantasma por la que se triangularon más de 200 millones de pesos del Gobierno de Veracruz que terminaron en manos de Moisés Mansur Cysneiros, considerado como el principal prestanombres de Duarte y quien aún permanece prófugo de la justicia.
Ceden a EU a Yarrington
Autoridades de Estados Unidos y México acordaron que el exgobernador de Tamaulipas, Tomas Yarrington, sea entregado a las autoridades estadunidenses, y una vez que sea juzgado en ese país, será entregado al Gobierno mexicano.
A través de un comunicado conjunto entre el Departamento de Justicia de EU y la PGR, se informó que la extradición fue acordada por los procuradores Jeff Sessions y Raúl Cervantes Andrade.
“A partir de los elementos con los que se cuentan, se considera pertinente solicitar al Gobierno de Italia que dé preferencia al requerimiento planteado por los Estados Unidos, donde se acusa a Tomás Yarrington de tráfico de drogas y delitos relacionados con lavado de dinero, para que en su momento la autoridad italiana, una vez agotadas las etapas del procedimiento de extradición correspondiente, ordene su entrega a Estados Unidos”, dicta el documento.
La decisión fue tomada tras un análisis de las pruebas y posibles sanciones que enfrenta Yarrington en EU, y según las solicitudes de extradición en virtud del artículo 13 del Tratado de Extradición entre Italia y México, y en el artículo 15 de la extradición Tratado entre Italia y Estados Unidos.
Relación con Cantú
Senadores del PAN y PT se unieron a la exigencia del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para que la PGR indague a Yarrington por el asesinado de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la Gubernatura en el 2010.
En tanto el titular de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, Humberto Fernández, dijo que existen dudas fundadas para que el Gobierno federal lo investigue.
