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CEDH, en su peor crisis: productividad desplomada y abandono a víctimas

Esteban Espinoza / San Luis Potosí

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) atraviesa uno de los momentos más cuestionados de su historia reciente. A pesar de la creciente violencia y de las constantes denuncias de abusos, el organismo apenas ha logrado emitir cinco recomendaciones en lo que va del 2025, un registro que evidencia una alarmante parálisis institucional bajo la presidencia de Giovanna Itzel Argüelles Moreno, quien asumió el cargo el 1 de abril de 2021.

La caída en su productividad no solo es evidente, sino también sostenida. En 2021, la CEDH cerró con 23 recomendaciones —19 de ellas ya en manos de la actual titular—, pero los años siguientes muestran un deterioro constante: 17 en 2022, 22 en 2023 y apenas 18 en 2024. Este año, la debacle es incuestionable: con solo cinco documentos emitidos hasta el 10 de noviembre, la reducción es de un 72 por ciento respecto al año anterior, un retroceso que deja al organismo prácticamente inoperante.

La gravedad de la situación se vuelve aún más evidente cuando se analiza el contexto estatal: desapariciones, abusos policiales, violencia institucional y denuncias constantes de omisiones. Mientras los casos aumentan, la capacidad de respuesta de la CEDH se desploma.

Para siquiera igualar la cifra del 2024, Argüelles Moreno tendría que emitir una recomendación cada cuatro días de aquí al 31 de diciembre, un escenario que especialistas consideran imposible para un organismo que, de facto, funciona a ritmo mínimo.

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas —entre ellos Voz y Dignidad por los Nuestros—, así como activistas y defensores de derechos humanos, han sido contundentes en sus críticas: acusan a la ombudsperson de abandonar a las víctimas y de mantener un desempeño distante, insensible y burocrático frente a violaciones graves que exigen atención inmediata.

En un estado donde las violaciones a derechos humanos no disminuyen, la Comisión parece más apagada que nunca, dejando a cientos de familias y víctimas sin respaldo, sin vigilancia institucional y sin una voz que les haga justicia.