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¿CJNG usa servicios de inteligencia del gobierno para rastrear a sus rivales? Esto sabemos

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Aparentemente, miembros del crimen organizado tienen acceso a registros telefónicos e incluso documentos oficiales de civiles

Presuntos miembros del CJNG reconocieron el uso de bases de datos oficiales para ubicar a sus enemigos. (Imagen Ilustrativa Infobae)Presuntos miembros del CJNG reconocieron el uso de bases de datos oficiales para ubicar a sus enemigos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una reciente investigación del periodista Luis Chaparro evidenció la forma en que los avances tecnológicos desarrollados por las autoridades terminan siendo utilizados en beneficio de grupos del crimen organizado como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Específicamente, el reportaje hace alusión al uso de un software llamado Titán, creado para auxiliar a los gobiernos estatales mexicanos en sus investigaciones con herramientas de geolocalización, rastreo en tiempo real y acceso a documentos de identificación.

Según la información recabada por el citado reportero, los servicios de esta plataforma están a la venta en el mercado negro y oscilan entre los 10 mil y los 180 mil pesos. Aparentemente, se ofrecen en grupos de WhatsApp en el que interactúan por igual agentes estatales y miembros de los cárteles.

Chaparro señala que Titán se nutre de las bases de datos de las autoridades mexicanas y aprovecha los sistemas de posicionamiento global para darle seguimiento a teléfonos celulares y obtener su información.

A través del software, integrantes de los cárteles tendrían acceso a rastreos en tiempo real de sus rivales.A través del software, integrantes de los cárteles tendrían acceso a rastreos en tiempo real de sus rivales.

La base de datos, acorde con una fuente anónima referida en el texto, también contempla el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE), registros de empresas como Telcel, Telmex, burós de crédito, estados de cuenta bancarios y correos electrónicos, por mencionar algunos.

Una persona que trabaja en la plataforma digital, cuya identidad no fue revelada, mencionó que la aplicación fue construida para que oficiales de inteligencia pudieran perseguir criminales. Y aunque reconoció que algunas cuentas han hecho “mal uso” de la información, aseguró que habían sido removidas.

Elementos de la Policía de Jalisco contaron a Luis Chaparro que las licencias para entrar a las bases de datos han sido adquiridas por altos mandos de la corporación, aunque fuera de los protocolos oficiales, ya que eso implicaría enfrentarse a procedimientos burocráticos más complicados.

Según la narración compartida por Chaparro, una vez que un usuario entra a la plataforma basta con ingresar el nombre y apellido de una persona para tener acceso a su identificación oficial, domicilio, número de teléfono, historial de llamadas e incluso su historial delictivo, en caso de existir. Desde ahí está disponible la opción de iniciar un rastreo a su dispositivo móvil en tiempo real.

La investigación detalla que entre los servicios que se pueden adquirir por esta vía se encuentran los registros de Plataforma México, una herramienta que integra todas las bases de datos de las instituciones de seguridad pública.

Captura de la presentación de Plataforma México, elaborada en 2008. (Secretaría de Seguridad Pública)Captura de la presentación de Plataforma México, elaborada en 2008. (Secretaría de Seguridad Pública)

Presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) hablaron para Vice bajo anonimato y confesaron que dicha organización ha utilizado este servicio desde hace por lo menos seis años. Es decir, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En este sentido, un supuesto operador del CJNG explicó que cuando secuestran a alguien ponen en marcha dispositivos de bloqueo de señal telefónica para que Titán no pueda ser usado en su contra.

Incluso se reveló que los integrantes del crimen organizado tienen la posibilidad de pedir que se elimine su historial delictivo de Plataforma México, así como de crear falsos cargos contra alguien, a cambio de un pago de 50 mil pesos.

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