Esteban Espinoza / San Luis Potosí
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad contra las recientes modificaciones al Código Penal de San Luis Potosí que castigan el llamado “uso indebido” de la inteligencia artificial, al considerar que la redacción de la norma podría poner en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión.
El recurso ya fue admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de confirmarse que fue interpuesto dentro del plazo legal. En los registros oficiales del máximo tribunal, la impugnación quedó identificada con los expedientes 130/2025 y 132/2025, promovidos por la presidencia del organismo nacional de derechos humanos.
Como parte del procedimiento, la Corte ordenó notificar a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado para que presenten los informes correspondientes, además de solicitar al Congreso del Estado de San Luis Potosí la remisión completa de los antecedentes legislativos, entre ellos iniciativas, dictámenes y versiones estenográficas de las discusiones que dieron origen a la reforma.
La decisión de acudir a la vía constitucional se produjo después de que, el pasado 15 de noviembre, la CNDH hiciera público un llamado al Congreso local para replantear la reforma penal y abrir un debate más amplio. En ese posicionamiento, el organismo alertó sobre el uso de conceptos imprecisos como “alarma pública”, “paz social” o “seguridad del Estado”, los cuales —advirtió— podrían permitir interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades encargadas de la persecución de delitos.
Si bien la Comisión reconoció que el uso malintencionado de herramientas de inteligencia artificial representa un reto real, especialmente cuando se emplean para manipular imágenes, audios o videos con fines difamatorios, subrayó que el derecho penal debe utilizarse con cautela. De lo contrario, normas ambiguas podrían desalentar el debate público y afectar expresiones críticas o incómodas, también protegidas por los derechos humanos.
En paralelo a este contexto, el 19 de noviembre el diputado Carlos Arreola Mallol informó que el Congreso estatal, a través del Instituto de Investigaciones Legislativas, impulsaría un foro de parlamento abierto para analizar la regulación ética de la inteligencia artificial en San Luis Potosí y en el país. A la iniciativa se sumaron las bancadas del PVEM, PT, Nueva Alianza y PRI, en medio del debate generado por la reforma recién aprobada.
Durante la presentación de la convocatoria, el legislador sostuvo que la inteligencia artificial es un fenómeno global con impactos profundos, capaz de ser utilizada tanto para la desinformación y la propaganda como para la vigilancia y la invasión a la privacidad, además de reproducir sesgos tecnológicos. Señaló que el propósito del foro era incorporar a universidades, medios y sociedad civil para construir propuestas que vayan más allá de un enfoque meramente sancionador.
Con la admisión de la acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte iniciará ahora el análisis de fondo sobre la validez de la reforma penal aprobada en noviembre, mientras que en San Luis Potosí continúa un debate público alimentado por los señalamientos de la CNDH y las advertencias de organizaciones civiles sobre posibles riesgos de censura y criminalización en el entorno digital.