Esteban Espinoza / San Luis Potosí
Organizaciones de familiares de personas desaparecidas manifestaron su rechazo al nombramiento de Israel Mendoza Espinosa como nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) en San Luis Potosí, argumentando que no fueron consultadas previamente y que la designación carece de transparencia y legitimidad.
Aunque el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, dio a conocer en redes sociales que la propuesta de Mendoza fue “puesta a consideración” de los colectivos, un documento oficial con fecha del 14 de julio, difundido por el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, confirma que la designación ya había sido formalizada por el Ejecutivo estatal.
En el oficio, firmado por el oficial mayor Noé Lara Enríquez y dirigido directamente a Israel Mendoza, se establece claramente que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ya lo había nombrado oficialmente para encabezar la comisión.
“Nosotras no fuimos consultadas, simplemente se nos impuso a una persona que desconocemos”, expresó una integrante del colectivo y madre de una joven víctima de desaparición forzada. “Esto representa un retroceso en el trabajo de búsqueda y una ruptura en la confianza que habíamos empezado a construir con las autoridades”.
El mismo día en que se emitió el nombramiento, integrantes del colectivo participaron en una reunión con funcionarios estatales, incluido el entonces comisionado Leobardo Orihuela. Según relatan, en ese encuentro no se mencionó su salida ni se anticipó el cambio de titular.
Las familias acusan que el proceso fue opaco, sin rendición de cuentas y sin participación de quienes han estado al frente de la búsqueda de justicia durante años. Además, cuestionan el perfil del nuevo comisionado, del cual no se ha ofrecido información clara sobre su experiencia en la materia.
“Para nosotras, este nombramiento no tiene validez. Fue hecho sin legalidad, sin transparencia y sin nuestro consentimiento”, reiteraron a través de sus redes sociales.
Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido una postura oficial ante los reclamos de los colectivos. Las organizaciones han insistido en que decisiones tan delicadas deben ser tomadas con pleno respeto a la ley y en diálogo directo con las víctimas.
