San Luis Potosí
La reciente resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE), que ordena al Ayuntamiento de San Luis Potosí reponer la convocatoria para elegir a la persona titular de la Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, ha sido duramente cuestionada por comunidades originarias y organizaciones sociales.
A través de un posicionamiento público, el pueblo Xi’iuy —representado por sus cinco gobernadores tradicionales de los municipios de Santa Catarina, Tamasopo, Alaquines, Rayón y Ciudad del Maíz— expresó su rechazo, calificando la decisión como una “vulneración a su máxima autoridad” y un atropello a su estructura tradicional de gobierno.
La resolución deja sin efecto el nombramiento de Palmira Flores García, mujer indígena y maestra en política, quien había sido electa como titular de la Unidad, en lo que consideran un proceso legítimo y democrático.
Las autoridades tradicionales Xi’iuy denunciaron tres principales agravios derivados de la resolución del TEE: la intromisión en sus procesos internos de elección; la permisividad hacia actores ajenos a su sistema normativo; y la generación de desconfianza e incertidumbre política en sus comunidades.
“Nos están imponiendo figuras sin vínculo con nuestras comunidades, debilitando nuestras formas de organización y rompiendo con nuestra autonomía”, advirtieron.
En este sentido, las autoridades indígenas dirigieron un exhorto a la magistrada presidenta del TEE, Denisse Adriana Porras Guerrero, exigiendo el respeto a sus derechos colectivos conforme al artículo 2° de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Palmira Flores García, representante de la comunidad Triqui y quien encabezaba la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas, también alzó la voz. En conferencia de prensa, solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para frenar lo que calificó como una exclusión sistemática de los pueblos originarios en la capital potosina.
“En pleno año de la mujer indígena, estamos siendo violentadas por el propio Tribunal Electoral. Esto no es solo por un cargo; es por el derecho a ser votadas, a ser escuchadas, a participar sin que nos arrebaten nuestras decisiones”, declaró.
Flores García también exigió que se investigue al TEE por presunta corrupción en torno al caso, señalando que detrás de la resolución hay intereses ajenos a las comunidades indígenas.
Acompañada por representantes de distintas comunidades y organizaciones sociales, Palmira Flores denunció que la resolución judicial —avalada también por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación— anuló un proceso democrático legítimo y benefició a “un grupo corrupto y misógino”.
“Fuimos ignoradas, burladas y violentadas. Nos arrebataron la Unidad Indígena para entregársela a quienes tienen el respaldo de funcionarios y magistrados a modo”, sentenció.
Las denunciantes señalaron directamente a la magistrada Denisse Porras Guerrero como figura clave en lo que consideran una resolución parcial y politizada. “Alguien nos advirtió que cuando llegara al Tribunal, nuestro proceso se iba a caer. Hoy lo confirmamos. Se privilegió a quienes tienen denuncias en la Fiscalía por encima de quienes representamos de manera legítima a nuestros pueblos”, expresaron.
Finalmente, exigieron que se respete la voluntad de las comunidades indígenas, sus sistemas normativos y sus procesos de elección interna, sin injerencias externas que, aseguran, solo buscan debilitar su organización colectiva.
