San Luis Potosí, SLP.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado, las y los diputados de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), Conciencia Popular (CP), Nueva Alianza y Redes Sociales Progresistas, aprobaron el dictamen de la reforma constitucional en la que se amplía hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando labores de seguridad pública; los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), votaron en contra. El Congreso Potosino se suma a 18 congresos que ya aprobaron este dictamen. Las y los 20 diputados que votaron a favor son: Cuahutli Badillo Moreno, Antonio Lorca Valle, y Lidia Vargas Hernández (Morenas); José Luis Fernández Martínez, Dolores Eliza García Román, Ulises Mendoza Padrón, Eloy Franklin Sarabia, Edgar Anaya Escobedo, Martha Aradillas Aradillas y Nadia Esmeralda Ochoa Limón (PVEM); Yolanda Cepeda Echavarría, Edmundo Torrescano Medina y Alejandro Leal Tovías (PRI), René Oyarvide Ibarra, Cinthia Segovia Colunga y Salvador Isaís Rodríguez (PT); Claudia Tristán Alvarado (Nueva Alianza); Gabriela Martínez Lárraga (RSP); Ma. Elena Ramírez (CP) y Bernarda Reyes Hernández (PAN).
En tanto Liliana Flores Almazán, Aranzazú Puente Bustindui, Rubén Guajardo Barrera, Juan Francisco Aguilar Hernández y Ramón Torres García (PAN); Mauricio Ramírez Konishi y Emma Idalia Saldaña Guerrero (MC), votaron en contra, siendo la sorpresa la diputada Bernarda Reyes Hernández, que si bien tiene origen priísta está registrada en la bancada panista, voto a favor, pese a que los panistas votaron en contra.
Con esta aprobación, se autoriza que el Presidente de la República disponga de las Fuerzas Armadas como el Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
Finalmente se precisa que la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública deben ser extraordinarias en las que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; además está actuación debe estar regulada y fiscalizada.