Arturo Rodríguez
CIUDAD DE MÉXICO .- Creadas en la actual administración para evitar el exceso ­burocrático y la intermediación en la entrega de apoyos sociales, las Coordinaciones ­Estatales de Desarrollo empiezan a registrar los primeros casos de corrupción, pero ninguna como la llamada “superdelegación” en Jalisco, hasta ahora la más emblemática de la descomposición.
Su episodio más reciente es una red de nepotismo: el superdelegado Armando Zazueta Hernández, designado apenas el pasado 15 de agosto —aunque inició sus actividades públicas hasta el 1 de septiembre— es la cabeza de una estructura plagada de parientes y amigos, tanto en los cargos de decisión como en la asignación de plazas y apoyos económicos.
La relación más destacada en la asignación de plazas en la entidad es en la nómina de Servidores de la Nación, en la cual figura Ivón Guadalupe Mercado Baena, pareja de Zazueta Hernández.
El presidente Andrés Manuel López Obrador apostó la operación gubernamental a las superdelegaciones, un cargo creado para eliminar las delegaciones que cada dependencia tenía en cada entidad federativa y con ello ahorrar por adelgazamiento burocrático; si bien hasta ahora su papel se ha concentrado en las políticas sociales.
Los señelamientos
Mediante los llamados Servidores de la Nación —en los hechos operadores de programas en campo— hay denuncias particularmente del PRD sobre ese ejército de operadores porque, dicen los perredistas, promueve la imagen del mandatario con fines electorales, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene abierto un expediente, según se dio a conocer el pasado 26 de septiembre.
El uso electoral de las superdelegaciones ha sido un señalamiento constante contra el gobierno de la Cuarta Transformación debido a que en la mayoría de las entidades se designó a excandidatos a gubernaturas y operadores electorales.
El asunto más escandaloso era el de Jalisco, donde el empresario y político Carlos Lomelí Bolaños —quien en 2018 fue candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia— fungió como subdelegado hasta el 12 de julio pasado.
Empresario destacado en el sector farmacéutico y proveedor gubernamental del ramo, Lomelí Bolaños fue exhibido en un reportaje de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Al principio la información fue desestimada por el presidente López Obrador; no obstante, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció una amplia investigación contra sus empresas y su personal.
La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer en la conferencia presidencial matutina del 15 de julio que Lomelí y varios de sus colaboradores pudieron incurrir en responsabilidades administrativas, por lo que abrió la investigación.
Tres días antes Lomelí había renunciado al cargo. No se dio a conocer su relevo sino hasta el 1 de septiembre, cuando los diarios jaliscienses informaron que Armando Zazueta despachaba como superdelegado desde el 16 de agosto.
A mes y medio de asumir el cargo, se sabe que en la estructura de Zazueta hay nepotismo y otras probables irregularidades.
Una consulta al portal Nómina Transparente de la SFP permite observar que Ivón Guadalupe Mercado Baena está en la nómina en la subdelegación Tonalá, tiene un salario bruto de 10 mil 217 pesos mensuales, que es lo que perciben los empleados de Servidores de la Nación.
En la misma subdelegación figura en nómina María Baena Torres, madre de Ivón Guadalupe, con un sueldo similar: se trata de que, como su hija, tiene un salario neto de 8 mil 173 pesos.
Ahí mismo, Carlos Alberto Baena Muñoz, primo hermano de Ivón Guadalupe, cobra también un salario similar.
Nepotismo morenista
En sólo 10 meses de la presente administración, en la Coordinación Estatal de Programas para el Desarrollo en Jalisco se consolidaron los esquemas de beneficios y prebendas aun cuando el presidente López Obrador aseguró que no perdonará ni a sus parientes, amigos ni antiguos colaboradores o simpatizantes.
En Jalisco ese mensaje no ha llegado. Pese a la sustitución de Lomelí Bolaños por Zazueta Hernández, en la mayor parte de la estructura estatal perduran las antiguas prácticas corruptas.
En la subdelegación Tonalá, que depende del superdelegado Armando Zazueta y donde se identificó en la nómina a Ivón Guadalupe Mercado Baena, la encargada es María Elizabeth Flores Vázquez, quien, según la revisión realizada por Proceso a Nómina Transparente, se ubica en el mismo caso que su superior inmediato:
En la misma subdelegación tonalense Antonia Araujo Jasso fue designada coordinadora administrativa. En la nómina municipal su hermana Angélica también está en la nómina de los Servidores de la Nación.
En Autlán, donde el subdelegado es Marco Tulio Rosas Romero, cónyuge de Flores Vázquez, están las hermanas Elucinda y María Isabel Flores González, primas de la superdelegada tonalense.
En sus redes sociales la pareja de morenistas subió una fotografía de perfil de cuando él era diputado federal por el distrito 18 y ella por el distrito 7 de Jalisco.
Tulio Rosas —como se hace llamar en sus aventuras electorales— también incluyó en la nómina de Servidores de la Nación a sus primas María del Rosario Ríos Rosas y Silvia Karina Romero Torres, según la información consultada en Nómina Transparente.
Ahí colocó a sus hermanos Antonio Ramón y Rosalía de las Nieves Cárdenas Galván; a sus sobrinos Ana Mariela de la Cruz Cárdenas, Felipe de Jesús y Sergio Elizondo Torres, Víctor Cárdenas Rodríguez y Benito Cárdenas Morán, así como Claudia Patricia Sedano Cárdenas, quien salió en junio pasado, cuando la SFP inició las investigaciones al superdelegado Carlos Lomelí.
En el caso de la subdelegación de la Región Tlajomulco, Rosa María Cardona Alegría —la morenista que el año pasado acompañó como suplente a la hoy diputada Verónica Ramos Cruz—, tiene un solo familiar: su hijo Edwin Jonathan Cardona Alegría en la nómina de los Servidores de la Nación. Cobra 8 mil 173 pesos netos al mes por trabajar con los pobres.

RENUNCIA LOMELÍ
La SFP, que ha sido considerada la máxima instancia administrativa del gobierno en la lucha contra la corrupción y la impunidad, resolvió imponer tanto a Lomedic S.A., de C.V., como a Laboratorios Solfrán una multa por 1 millón 51 mil 500 pesos, además de que ambas firmas no podrán participar en procedimientos de contratación por dos años y medio.
Abisalud,
Ganó en los primeros 5 meses de 2019 más de 164 millones de pesos en contratos adjudicados por el gobierno federal.