Esteban Espinoza / San Luis Potosí SLP
La diputada local Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado, cuestionó el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de que el informe “Justicia Digital: tecnología aplicada a la investigación criminal en México”, elaborado por la organización México Evalúa, evidenciara deficiencias tecnológicas y falta de transparencia en la institución potosina.
De acuerdo con el estudio, la Fiscalía de San Luis Potosí no entregó información relacionada con sistemas de rastreo de patrullas ministeriales ni sobre mecanismos de monitoreo mediante cámaras corporales, situación que, para la legisladora, contradice el panorama que la dependencia presenta durante sus comparecencias ante el Poder Legislativo.
López Torres aseguró que este tipo de ejercicios legislativos terminan convirtiéndose en espacios de “aplausos y felicitaciones”, alejados de la realidad que enfrentan los ciudadanos en materia de procuración de justicia.
“Nos encontramos a mitad del camino con evaluaciones como estas que nos ayudan precisamente a ver la situación real de las fiscalías y resulta que no es ni la mitad de lo que en el dicho se dice”, expresó.
La diputada señaló que las observaciones exhiben problemas relacionados con presupuesto insuficiente, falta de capacitación y carencias operativas dentro de la Fiscalía, además de otras fallas que anteriormente también han sido señaladas, como el funcionamiento del laboratorio genético.
“De nada sirve que vengan y nos digan que todo está muy bien si al final del día no se está cumpliendo”, sostuvo.
Aunque descartó una nueva comparecencia inmediata de la titular de la Fiscalía antes del próximo ejercicio legislativo, pidió que la institución reconozca públicamente las problemáticas internas y presente datos reales sobre su capacidad operativa.
Asimismo, criticó la dinámica bajo la cual se desarrollan las comparecencias en el Congreso local, al revelar que incluso ha recibido preguntas previamente elaboradas para formular durante estos encuentros.
“Yo no hago eso, yo tendré mi propio criterio de qué es lo que se va a preguntar”, afirmó.
Finalmente, la legisladora enfatizó que señalar las deficiencias institucionales no representa una confrontación política, sino una exigencia para mejorar el desempeño de las dependencias y recuperar la confianza de la ciudadanía.
“De nada sirve que nosotros digamos una cosa y aquí aplaudamos y digamos que todo está muy bien, si al final de cuentas los ciudadanos son los que están en descontento por la ineficacia de las instituciones”, concluyó.